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350 fórmulas para crisis de hoy y mañana

El texto incluye medidas coyunturales y apuesta por un modelo productivo basado en la calidad, la profesionalización y la vinculación de ayudas a la creación de empleo.

el 24 nov 2009 / 22:15 h.

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Trabajadores y empresarios no sólo son las patas, por medio de sus representantes, sobre las que se asienta el acuerdo, sino también los destinatarios de la mayoría de sus medidas, unas coyunturales para salir de la crisis y otras dirigidas a hacer más fuerte y competitivo el tejido empresarial y el mercado laboral andaluz ante el futuro.

Los empresarios tendrán más seguridad jurídica y menos burocracia para iniciar su actividad y más incentivos y ayudas cuanto más innoven y apuesten por salir al exterior.

Eso sí, toda subvención estará vinculada a mantener y crear empleo porque el proyecto de economía sostenible que pretende reorientar el modelo productivo se basa precisamente en la responsabilidad social de las empresas y en atraer talentos e inversión privada.

Se incentivará la estabilidad laboral, así como la formación profesional durante toda la vida para adecuar la cualificación de la mano de obra a las necesidades del mercado laboral. Y ello pasa por que empleados y empleadores se suban al carro de las nuevas tecnologías y por adaptar la actividad económica a las potencialidades de cada territorio.

El objetivo es diversificar una economía que está sufriendo la excesiva dependencia del ladrillo, apostando por sectores emergentes y por dar una vuelta de tuerca, con calidad e innovación, a otros que funcionan, como el turismo. Todo ello garantizando a la ciudadanía servicios sociales e infraestructuras públicas.

EMPLEO
La lucha de UGT y CCOO en la negociación se ha centrado en vincular todo el acuerdo al empleo, con una apuesta por incentivar la estabilidad laboral, incluida la administración y la contratación de colectivos con especiales dificultades, como mujeres e inmigrantes, y adecuar la formación de la mano de obra a las necesidades del mercado laboral con gran protagonismo para la Formación Profesional, contratos de prácticas y programas para facilitar a los jóvenes su primera experiencia laboral, además de promover la formación del trabajador a lo largo de toda la vida. El acuerdo apuesta por el protagonismo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)para poner en contacto a demandantes y empleadores, y por una Negociación Colectiva en la que se adopten mecanismos de control del absentismo laboral y medidas correctoras. También se fijarán conjuntamente los requisitos para las empresas que asuman encomiendas de gestión de servicios públicos y se incidirá en la prevención de riesgos laborales en las pymes.

EMPRESAS
El acuerdo apoya al empresario pero le exige una responsabilidad social, de forma que se limitan las ayudas a fondo perdido en favor de créditos reintegrables vinculados a crear empleo, con líneas específicas de avales para pymes y autónomos. Un sistema de ayudas sometido al control de todos los agentes y del que la innovación y los sectores estratégicos serán los principales beneficiarios y en el que se buscarán redes de inversores privados en cada provincia para dar ese impulso inicial a los proyectos originales. La administración se compromete a hacer la vida más fácil al emprendedor, con menos burocracia y más seguridad jurídica, ambas demandas clásicas de los empresarios. El pacto de concertación apuesta por promover las redes de cooperación entre empresas para hacerlas más competitivas y facilitar la internacionalización. Se promoverá la cultura emprendedora desde la Universidad, con asignaturas y prácticas en empresas y apoyo a las spin off salidas de los departamentos universitarios.

TECNOLOGÍAS
El tercer eje del documento está dedicado a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que pretende hacer de éste un elemento competitivo. El objetivo es dar más peso en la economía al sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, además de impulsar otros como el audiovisual o el de la telefonía de tercera generación. Pero también, que estas nuevas tecnologías lleguen a toda la ciudadanía, reduciendo la brecha digital entre mujeres e inmigrantes, y sean de uso habitual en la administración y la empresa. Para ello, se potenciarán los trámites por internet (ya se pueden hacer 600), incluso en un modelo de ayuntamiento digital. La formación continua a empresarios para que todas las empresas de la región estén en la red es otra de las medidas para lograr este fin. La Junta quiere comprometer a la iniciativa privada para equilibrar el gasto público y privado en I+D+i así como atraer a investigadores de fuera y llamar a los andaluces a retornar para trabajar en la comunidad.

SECTORES PRODUCTIVOS
El acuerdo contiene medidas específicas para cada sector productivo, tanto aquellos en los que tradicionalmente se ha basado la economía andaluza como el turismo o la agricultura, como sectores emergentes como el energético y con especiales dificultades en la actualidad como el industrial. Si en turismo el pacto aboga por una nueva ley, formación especializada y cooperación público-privada para promocionar el turismo gastronómico, de congresos o de golf con los que reducir la estacionalidad, en industria se apuesta por la alta cualificación, seguridad y calidad de productos e instalaciones así como por adecuar la actividad industrial a las especifidades de cada zona. Una agricultura y pesca medio ambientalmente sostenible, potenciar la industria de transformación de recursos mineros y una mejor ordenación territorial del comercio, con impulso a la franquicia andaluza y los centros comerciales abiertos centran las políticas en otros sectores. Sin olvidar fortalecer el sector financiero flexibilizando incluso la emisión de deuda pública.

COHESIÓN TERRITORIAL Y SOCIAL
Este eje alude tanto a la cohesión territorial, con la promoción del transporte público -se revisará el sistema de concesiones de autobuses fomentando los consorcios y contratos programas para regular la gestión de las empresas-, las naves y suelo industrial, las energías renovables y un desarrollo rural basado en la diversificación de la economía, así como a la cohesión social. Para ello, el acuerdo prevé aumentar las zonas consideradas con necesidades de transformación social para actuar en ellas, fomentar el alquiler para familias con riesgo de embargo y adjudicar los cupos de VPO para discapacitados que no se cubran. Apuesta por servicios de calidad y la profesionalización en la atención a la dependencia y, una vez más, habla de impulsar la aprobación de una ley de renta básica que ya se quedó en un cajón en la pasada legislatura y para la cual no se consigna ninguna partida en los presupuestos de 2010, después de que el propio presidente de la Junta reconociera que este compromiso electoral no podría acometerse ante la crisis actual.

PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN
Si algo han dejado claro empresarios y sindicatos tras lograr el acuerdo es que estarán vigilantes para su cumplimiento, tras exigir el compromiso global de todo el Gobierno que, a su juicio, no siempre ha existido por igual en todas las consejerías. Aunque todos los anteriores acuerdos establecían seguimientos periódicos, éste incide especialmente en mecanismos de evaluación permanente, por ejes y, cuando sea necesario, por provincias y que tanto su contenido como los informes sobre el cumplimiento o no de lo pactado sean divulgados públicamente a través de la web de la Junta. Agentes sociales y económicos han conseguido arrancar también en el texto el compromiso para que se elabore una Ley de Participación Institucional que garantice su intervención en el diseño de todas las políticas de la comunidad. Esa participación marca precisamente el espíritu de la Concertación Social en Andalucía a la que, como ayer recordó el presidente José Antonio Griñán, la Junta está obligada porque así lo manda el Estatuto de Autonomía tras su reforma.

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