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36.000 opositores miran al vacío

La Abogacía del Estado decide mañana si ordena al TSJA paralizar las oposiciones a maestro por incumplir los Presupuestos

el 09 may 2011 / 19:59 h.

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El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, posó ayer con los ganadores del premio escolar "Andalucía en un mapa". / EFE
La Abogacía del Estado, a instancias del Ministerio de Economía y Hacienda, está recurriendo todas las convocatorias de oposiciones al cuerpo de maestros que rebasan el límite de plazas que fija la Ley de Presupuestos Generales. De las 7 comunidades bajo amenaza, Andalucía es la que más sobrepasa ese tope: 3.796 plazas de Infantil y Primaria que están en el aire, pendientes de un recurso que previsiblemente se conocerá hoy o mañana. Casi 36.000 maestros andaluces se han inscrito para opositar los próximos 17 y 19 de junio.

 

La suspensión cautelar de las oposiciones se conocerá una semana antes. La decisión final correrá a cargo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, conocida en los mentideros judiciales como Sala Vaticana por sus argumentos contrarios a la política educativa andaluza. Los sindicatos de profesores han convocado una manifestación mañana ante las subdelegaciones del Gobierno de las ocho provincias para intentar que el Estado desactive el recurso antes de que entre en vía judicial.

Algunas claves explican por qué dos gobiernos del mismo signo político -central y autonómico- han llevado este conflicto hasta el borde del precipicio en pleno año electoral; y cuáles serán las consecuencias educativas, políticas y jurídicas si, por vez primera en democracia, se paralizan unas oposiciones de profesores.

Consecuencias educativas
El plan de ajuste del déficit público que el Gobierno introdujo en la Ley de Presupuestos incluía un recorte de la plantilla de funcionarios. De cada 10 empleados públicos que se jubilaban en 2010, las comunidades sólo podían reponer uno (tres en el caso de los profesores). Se aplicó el café para todos, a pesar de que el nivel de endeudamiento de algunas regiones (Andalucía) era inferior al de otras (Cataluña o Madrid). En educación, además, se daba una diferencia notable: mientras en algunas comunidades el alumnado disminuía, en Andalucía el número de estudiantes no ha dejado de crecer en la última década hasta alcanzar los 1,8 millones. Uno de cada tres niños escolarizados en España es andaluz.

La Junta había autorizado un incremento neto de la plantilla de 680 profesores. Al bloquearse la oferta de empleo, el sistema escolar andaluz no sólo dejará de crecer, sino que sufrirá un recorte de 1.890 docentes (casi el 10% de la plantilla). Para cubrir ese hueco, el Gobierno andaluz advierte de que se vería obligado a elevar la ratio (número de niños por clase), eliminar la figura del profesor de refuerzo que atiende a alumnos con necesidades especiales, congelar el bilingüismo y la red TIC (ante la imposibilidad de rejuvenecer la plantilla con docentes más especializados) y, por último, concertar más colegios privados para evitar la masificación de las aulas públicas.

Los sindicatos de la enseñanza coinciden en que así quedaría desmontado el armazón de la Ley de Educación de Andalucía, sustentada en una previsión de aumento neto de la plantilla de 15.000 docentes en cuatro años.

Una ley, varias lecturas
Hacienda ha denunciado que siete comunidades exceden el límite legal de plazas de maestros. Pero por ahora, la Abogacía del Estado sólo ha formalizado tres recursos en los tribunales: contra Castilla y León (510 plazas para 11.000 aspirantes), contra Cataluña (1.240 para 15.000) y contra Navarra (132 para 1.300). En los tres casos, los argumentos jurídicos son casi idénticos y extrapolables al andaluz: el Estado sostiene que incumplen el límite de la tasa de reposición, sin entrar en más detalle.

Los detalles tienen que ver con la interpretación que cada una ha hecho sobre el límite impuesto. Según el Ministerio de Hacienda, todas parten de un "cálculo erróneo". Pero esto no es lo determinante. El recurso no depende de que una comunidad haya excedido el límite en mucho o en poco, sino del hecho de haberlo rebasado. En Andalucía el caso es más flagrante que en otras regiones, no porque se haya excedido más que el resto (su oferta triplica el límite), sino porque también oferta nuevas plazas (251 de Primaria y 429 de ESO), algo que está terminantemente prohibido en la ley de Presupuestos.

Consecuencias jurídicas
Castilla y León será la primera en presentar alegaciones al recurso, esta semana. Su recorrido legal servirá de avanzadilla para adivinar lo que más tarde ocurrirá en Andalucía si al final no hay una intervención política que retire la demanda: primero la comunidad presenta sus alegaciones, el Estado tiene diez días para recurrirlas, y a finales de mayo, el Alto Tribunal de Castilla y León anunciará el fallo. Los jueces tienen que decidir sobre dos aspectos: el más inminente es la suspensión cautelar de las oposiciones hasta que se resuelva el juicio. En cuyo caso, miles de aspirantes a profesor verían frustradas sus expectativas de empleo y la administración educativa tendría que reestructurar el sistema escolar con menos personal.

El segundo punto será dirimir quién tiene la razón, si el Estado o la comunidad. Fuentes jurídicas consultadas no prevén que los jueces entren a calcular el número de plazas legal para cada región, "simplemente dirán si se respeta la ley o no".

Lo que puede ocurrir luego, cuando todas las comunidades hayan desfilado por los tribunales autonómicos, es que el resultado difiera, y que en unos territorios se permitan las oposiciones y en otras no, como ya ocurrió con los recursos contra Educación para la Ciudadanía. En este caso el proceso judicial se antoja largo, porque las regiones damnificadas elevarían un recurso al Supremo para que éste unificara la doctrina. La sentencia se demoraría más de un año, y podría invalidar miles de plazas ya otorgadas de profesor (en caso de dar la razón al Estado).

Consecuencias políticas
Todas las comunidades afectadas se giran ahora hacia el Gobierno central pidiendo que se retiren los recursos. Jurídicamente aún es posible. El problema es que el Estado sufre un trastorno bipolar que subyace en la falta de comunicación y coordinación de sus ministros y en el conflicto de intereses de sus departamentos. Sólo así se explica que el Gobierno haya dejado gangrenar un problema que conocen desde diciembre, permitiendo que supure en plena campaña electoral.

El Ministerio de Educación conocía de primera mano las ofertas de empleo de todas las comunidades, porque se presentaron y ratificaron en la conferencia sectorial hace dos meses. El Ministerio de Administraciones Públicas y Política Territorial, que coordina Manuel Chaves, conocía y apoyó públicamente la lectura particular que Andalucía había hecho de la ley -la Junta dijo que recortando la oferta de empleo de otras administraciones, salvaría la plantilla docente-.

Pero ninguno de esos dos ministros fue informado antes de que Elena Salgado solicitara a la Abogacía del Estado la paralización de las oposiciones a maestro. "La ministra de Hacienda debe tener razones poderosas para desatar este tsunami político en pleno año electoral", se preguntan desde la Junta. Y las tiene. En estos momentos, Salgado se debe al Ecofin (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE), al que ha garantizado un plan de estabilidad de España que pasa por reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2013. La austeridad en detrimento de las políticas sociales. No es algo que no se le haya oído decir al presidente Zapatero en el Congreso: "Cueste lo que cueste, me cueste lo que me cueste".

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