El 12 de febrero, 38 bomberos, con una media de edad de 27 años, entraron en el Cuerpo tras un proceso de selección que duró dos años. Ahora, según relata uno de ellos -que prefiere mantenerse en el anonimato- viven en "la incertidumbre, la angustia y la rabia".
Están a punto de perder las plazas que obtuvieron tras unas oposiciones. Ellos las aprobaron legalmente. Pero el problema fueron las bases. Introdujeron un límite de edad: no se podía presentar nadie con más de 35 años. Fue impugnado.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo les dio la razón y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo ha ratificado: "La fijación de una edad máxima de 35 años es discriminatoria por no haber probado la Administración que sea objetiva y razonable esta limitación". Por este motivo, se ratifica la resolución inicial que anula las bases de la convocatoria. En consecuencia, se invalida el proceso. Se retiran las plazas y 38 bomberos que llevan nueve meses trabajando pierden sus plazas. La Delegación de Recursos Humanos estudia posible vías para evitar este desenlace. Pero la sentencia es clara: no cabe recurso contra ella.
"Nosotros no tenemos la culpa, pero somos los vamos a pagar este error", señala uno de los afectados. Son 38 familias. Entre ellos, hay personas que han renunciado a anteriores puestos de trabajo por un plaza fija en Sevilla e incluso profesionales que dejaron sus puestos en parques de otras provincias, puesto que lograron obtener una plaza fija en Sevilla. El problema es también grave si se analiza su incidencia en el Cuerpo. Ésta es la última convocatoria que se ha realizado. Se aprobó en 2006. La anterior es del mandato precedente y aún no se ha convocado la próxima. Las 38 plazas representan prácticamente un 10% de los puestos existentes.
El Sindicato Profesional de Bomberos criticó lo ocurrido. "Refleja la incompetencia del Ayuntamiento. Se ha provocado un drama para todas esas personas que se van a ir a la calle. Hay que depurar responsabilidades porque siempre pagan los mismos. Con esta sentencia, hay 38 compañeros que se van a quedar en la calle tras aprobar su examen", apuntó el secretario general de este sindicato, Juan Carlos Bernabé, quien señaló como culpable a Nieves Hernández, entonces delegada de Recursos Humanos, a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y a UGT.
Esta sección sindical apoyó la inclusión de este criterio en las bases de las oposiciones. Ayer, desde UGT responsabilizaron a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y al equipo de Gobierno. "Son ellos quienes deben de velar por la legalidad. Lo respaldamos porque no nos parecía extraño. Hemos pedido una reunión urgente con el alcalde para aclarar responsabilidades y buscar una salida a esta situación", indicó el secretario general de este sindicato, Santiago de los Reyes.
