Más de 72 organizaciones feministas, de planificación familiar y sindicales presentaron en los juzgados de guardia 4.000 autoinculpaciones por haber abortado, dentro de la campaña Por el derecho de las mujeres a decidir, en apoyo a las mujeres llamadas a declarar por esta causa.
Concretamente, estos colectivos solicitan, en el manifiesto leído ante los Juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, "un cambio inmediato de la ley para que el aborto deje de estar considerado como un delito en el código Penal, que se garantice que se realiza en la red sanitaria pública y que se respete el derecho de las mujeres a decidir".
Los organizadores de la campaña, acompañados en el acto por representantes de IU, PSOE y de las clínicas que practican abortos, apuntaron que estas firmas de autoinculpación (2.478 de mujeres que declaran haber abortado voluntariamente "de forma consciente y responsable" y otras 1.422 de personas que declarar haber acompañado a una mujer a abortar) expresan de este modo su solidaridad con las mujeres llamadas a declarar por los juzgados 35 y 47 de Madrid y denuncian "la vulnerabilidad jurídica y social en la que se encuentran las mujeres que deciden abortar y los profesionales sanitarios que atienden esta demanda".
La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, lamentó tener que realizar este tipo de reivindicaciones, "después de creer que tenemos unos derechos consolidados, para solidarizarnos y garantizar los derechos de la mujer a decidir libremente sobre la interrupción del embarazo".
A la cárcel, no. El magistrado del Tribunal Supremo Xavier O'Callaghan Muñoz se manifestó ayer partidario de introducir cambios en la legislación española para despenalizar el aborto.
"No estoy a favor del aborto, pero tampoco quiero meter en la cárcel a las mujeres que han abortado", aseguró. Xabier O'Callaghan opinó que la polémica abierta en España en torno a la interrupción voluntaria del embarazo "se está desenfocando por cuestiones ajenas al derecho" y que el aborto "no debe de ser objeto del código penal". El magistrado realizó estas declaraciones tras dar una conferencia en la ciudad de Gijón sobre la reproducción asistida.
