Por suerte, España es un Estado social. Un Estado que tiene como razón de ser, entre otras, la de crear un tejido social, normativo, institucional, económico y ético que compense a los desfavorecidos y promover un orden económico y social que sea justo. En estos tiempos tan difíciles, nuestros poderes públicos han de tener presente, más que nunca, ese mandato constitucional.
Por ello, la medida de los 420 euros es justa y necesaria. Es también un deber para con los más desfavorecidos, que no se salvarán pero que al menos encontrarán un paliativo. El Gobierno no ha sabido explicar bien esta medida, algo que ya se ha convertido en habitual; el PP ha utilizado un argumentario demagógico para oponerse, algo que también es habitual.
Opinión pública hastiada: peajes que como ciudadanos que vivimos en una democracia debemos pagar cuando los líderes de los partidos políticos principales no saben ganarse la confianza del pueblo. Así lo constatan recientes encuestas, así se palpa en la calle.
Pero lo importante es que los 420 euros van a llegar a los bolsillos de miles de familias necesitadas. Las Comunidades Autónomas deben seguir el mismo sendero emprendido por el Gobierno y que pronto las Cortes Generales también iniciará. En nuestro caso, cuando se elaboró el Estatuto de Autonomía se incluyó como principio rector de las políticas públicas andaluzas el de prestar una especial atención social a las personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.
Principio que se relaciona directamente con el mandato estatutario que garantiza la accesibilidad universal de las prestaciones sociales y el derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos.
Así es, además porque es objetivo básico de la Comunidad Autónoma de Andalucía el logro de la cohesión social mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente. Los poderes públicos andaluces han de cumplir, con más escrúpulo que nunca, otro mandato estatutario por el que sus actuaciones han de orientarse además a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión.
Para ello, se ha de facilitar el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos, y establecer los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables.
Son mandatos que aparecen en nuestro Estatuto de Autonomía, una norma que, dos años y medio después de su aprobación y en una situación socio-económica muy diferente a la de entonces, ha de servir a los poderes públicos andaluces como punto de apoyo normativo para emprender ambiciosos y necesarios cambios sociales y económicos en nuestra tierra, además de complementar las ayudas a los más desfavorecidos.
