Medio centenar de condenados por violencia machista se han sometido al proyecto piloto de reeducación para agresores de violencia de género desarrollado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
El programa consiste en reeducar a maltratadores que, por la sentencia que tienen, el juez entiende que pueden adoptar medidas alternativas al ingreso en prisión, trabajando con ellos a través de terapias, principalmente. Lo más importante de la proceso, es que el agresor reconozca que tiene un problema, que asuma esa situación en la que no "es violento en general, sino que es agresivo con quien considera más vulnerable, lo que es otra complejidad añadida", señaló Micaela Navarro, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, que ayer inauguró una jornada técnica sobre este proyecto.
Para desarrollarlo, han contado con profesionales de la Universidad de Granada y de Sevilla, como la profesora y psicóloga, Francisca Expósito, que inició el programa en Granada con un grupo de doce penados.
Este primer proyecto, que comenzó en Andalucía este año -a pesar de que la Junta tenía un convenio desde 2008 con Instituciones Penitenciarias para trabajar con los agresores en prisión- termina hoy, tras seis meses de duración y ha introducido como una nueva línea de actuación que la víctima tuviera información de todo ese proceso, no sólo del resultado. Ello se debe a que, como señala Navarro, "la imbricación y la implicación de tantas variables en la violencia de género", supone que, aunque agresor y víctima tengan vidas completamente independientes, sea necesario que ésta sea informada durante la etapa de reeducación. Este proceso, que implica la eximente de pena para el agresor, es negativamente valorado desde muchos ámbitos, que no creen en la eficacia de las terapias. Como en otras condenas de violencia machista, el maltratador también está sujeto a una serie de condiciones, como la incomunicación con la víctima, una orden de alejamiento de su mujer e hijos y no poder portar armas.
El programa, que puede durar hasta un año, tiene después una fase de seguimiento telefónico y de entrevistas, con unas 25 sesiones de terapia. Expósito reconoce la dificultad de este proceso por "ser bastante largo" y señala que sólo se impone a personas que, se puede decir, "han cometido un delito de menor gravedad, que no tienen antecedentes y que no suponen ningún tipo de riesgo pero que han cometido un delito tipificado por la nueva ley como violencia de género".
La complejidad de esta violencia, que en la mayoría de los casos se afronta desde la soledad y en la que los agresores no la reconocen como tal, hace que desde este proyecto se intente cambiar esa mentalidad, porque son personas que "no saben por qué están ahí, ya que para ellos no han hecho nada". Por eso, en las terapias trabajan con los mecanismos de minimización y hacen una especie de "retroactiva para que los agresores entiendan por qué su pareja les ha dicho que ya no pueden más", lo que determina la denuncia.
