Andalucía recibirá 47,8 millones de euros correspondientes a los fondos del plan urgente de recolocación de desempleados del Gobierno, lo que supone el 23,7% de los 201,3 millones que supondrán el total de fondos previstos, a lo que se une que la comunidad recibirá 413 de los 1.500 orientadores para ayudar a este plan.
De esta forma, el 41,8% de los más de 201,3 millones que costará este plan se quedarán en Andalucía (47,8 millones de euros), que superará por mucho al resto de comunidades. Después, le sigen Cataluña (20,2 millones) y Comunidad Valenciana (16,4 millones).
Las regiones menos beneficiadas serán La Rioja (806.444 euros), Cantabria (1,7 millones) y Navarra (1,9 millones), según el reparto propuesto ayer por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a las comunidades, que se dieron cita en la primera Conferencia Sectorial sobre Asuntos Laborales de la Legislatura.
En el capítulo de orientadores, los 1.500 contratados tendrán un coste de 17,5 millones de euros en 2008 y de 35 millones en 2009, es decir, 52,5 millones en el conjunto de los dos años. Estos orientadores se concentrarán especialmente entre Andalucía (413), Cataluña (150) y Valencia (120).
En cuanto a la cualificación específica del personal de los servicios de empleo de las comunidades, búsqueda de empleo, movilidad geográfica, promoción del empleo autónomo y formación profesional para el empleo, se destinarán 49,6 millones en 2008 y 99,2 millones en 2009, con un total de 148,8 en el plazo de dos años.
Durante la intervención previa al inicio de la reunión, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó que le "parece razonable que el programa tenga vocación de permanencia mientras la coyuntura no cambie de signo totalmente" y que no se limite a un año, si bien, el ministro reconoció que "dentro de un año, probablemente, este tema no estará en la situación que a todos nos gustaría".
Adaptación autonómica . Corbacho se mostró partidario de que las comunidades tengan "un margen muy amplio de libertad" en la gestión de las ayudas incluidas en el plan de recolocación, para adoptar las políticas de empleo más adecuadas a sus peculiaridades, de forma que el Estado se limite a "tomar medidas" y "medir la eficacia" de las políticas desarrolladas en cada territorio.
El ministro de Trabajo consideró que la "diversidad, singularidad y especificidad" de las distintas comunidades hace que sean éstas las que "puedan identificar la mejor política de empleo". De este modo, aseguró que la "flexibilidad" y la "adaptabilidad" deberían presidir la estructura futura de los servicio públicos de empleo, en lugar de las "normas de carácter reglamentarista". También detalló que otra de las prioridades de cara al futuro será la mejora de la formación de los trabajadores.
El responsable de la cartera de Trabajo indicó que ha mantenido contactos con el Ministerio de Educación para iniciar una "reflexión conjunta" encaminada a la mejora de los formación "como sistema". En cuanto a la contratación de 1.500 orientadores, explicó que han de "servir para apoyar a los servicios públicos de empleo de las comunidades.
El ministro instó a reflexionar para mejorar la coordinación con las comunidades, con el fin de definir el modelo futuro de estos servicios públicos, que mejore los sistemas de coordinación y transferencia de información entre los distintos territorios, respetando la "especificidad" y la "diferencia".
El titular de Trabajo expuso a las autonomías las cinco líneas estratégicas que regirán la acción de su Gabinete durante la presente legislatura: potenciar el acceso de los jóvenes a las nuevas posibilidades ocupacionales, el impulso del empleo femenino, la prolongación de la vida activa, apostar por los autónomos y lograr un sistema institucional adecuado para asumir estos retos.
