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5.000 empresas tendrán que devolver fondos de la UE

El fiscal remite a la Junta las faltas administrativas detectadas en su investigación de las ayudas para la creación de empleo. Sólo hay un caso constitutivo de delito en una empresa sevillana que defraudó 500.000 euros.

el 10 mar 2011 / 21:21 h.

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La investigación fiscal sobre el presunto fraude en ayudas europeas, tramitadas por la Junta, a empresas para la creación de empleo ha detectado 5.000 infracciones administrativas cometidas por empresas beneficiadas y un delito fiscal de 500.000 euros que afecta a una sola empresa de la provincia de Sevilla.

 

La Fiscalía Superior de Andalucía ya ha remitido la información sobre el presunto delito contra la Hacienda Pública de esta empresa a la Fiscalía de Sevilla mientras que la documentación de las 5.000 empresas que supuestamente han incurrido en falta administrativa (cuando la cuantía del fraude es menor de 120.000 euros)a la Consejería de Empleo para que reclame la cuantía defraudada a las empresas que recibieron el dinero por crear empleo y luego cerraron o despidieron a los trabajadores. En el caso de Sevilla, además ha remitido a la Fiscalía provincial doce casos de empresas que pudieron incurrir en delitos de falsedad documental como la contratación en falso de familiares para beneficiarse de las ayudas.

El Ministerio Público abrió estas diligencias a raíz de una investigación de la Guardia Civil que comenzó en Cádiz, donde los agentes detectaron posibles irregularidades en 503 empresas (contra una de ellas, Qualytel, ya hay una causa abierta en los juzgados por fraude en 318.000 euros). Ante el volumen de posibles irregularidades en Cádiz, la Guardia Civil amplió la investigación a todas las provincias andaluzas y envió su informe -con presuntas irregularidades que afectaban a todas menos a Huelva- a la Fiscalía Superior de Andalucía. Tras analizar esta documentación, la Fiscalía ha concluido que solo hay delito fiscal perseguible en los juzgados en el caso de una empresa de la provincia de Sevilla. El resto son infracciones administrativas en las que la Junta puede reclamar a las empresas que recibieron las ayudas el dinero obtenido al no haberse destinado al fin previsto. Por ello, el fiscal ha remitido esta documentación a Empleo.

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