Los teléfonos de José Marín y José Pardo se han quedado huérfanos de llamadas. Ambos han sido condenados a penas de prisión. El primero a cuatro años y tres meses por un delito de malversación y falsedad documental. Pardo tendrá que cumplir tres años y nueve meses por los mimos cargos. El primero era el secretario del Distrito Macarena y el segundo un contratista habitual de obras municipales. La sentencia -que recurrirán al TSJA- considera acreditado que desde el Distrito Marín autorizó el pago de 5.901 euros de facturas que se correspondían a obras no ejecutadas por la empresa de Pardo. El juez considera que Marín actuó conscientemente y aprovechando su jerarquía "funcional" para hacerlo. Punto pelota. Ambos tendrán que pagar lo que han hecho ajustándose a lo que marca la ley. Y desde luego esa práctica es execrable. Una guarrería cutre, una corruptela de barraca de feria. Quien la hace la paga, dice el refranero. No hay que olvidar que quien primero la pagó fue José Antonio García, el concejal responsable del asunto, quien incluso llegó a dejar el PSOE hasta que fue exculpado y, ahora, explícitamente, vuelve a serlo en la sentencia, ya que el juez considera que ignoraba cuanto ocurría.
De momento, hasta que se falle el recurso, hasta aquí llega el afamado caso de las facturas falsas. El culebrón político de estos años sevillanos, el "caso más importante de corrupción de España", como llegó a afirmar un conocido empresario de la plaza. con los pulmones henchidos de aire. La madre de todas las corrupciones y la punta del iceberg de la financiación ilegal del PSOE de Sevilla y tal y tal y tal. Esos y otros muchos desafueros que podríamos reproducir hasta la extenuación para sonrojo- o no- de sus propietarios intelectuales. Ha sido un asunto lamentable, qué duda cabe, pero permítanme que a estas alturas del duelo y sin que nadie me haya presentado a los ínclitos condenados, diga que la condena me parece una barbaridad. Una desproporción brutal. No porque el asunto no sea punible, que lo es, ni porque tenga justificación alguna, que no la tiene, sino porque carece de la más mínima proporción entre el hecho y su consecuencia penal. Lo dice la ley. Ya lo sé. Yo también me sé eso de dura lex, sed lex. Pero el sentido común, que parece ajeno a esta aplicación de la ley, dicta otra cosa.
A estos dos, a Marín y a Pardo, no los va a llamar nadie. Es lógico, la reacción humana es huir del foco del incendio y, en todo caso, hacer leña del árbol caído. A mí me da exactamente igual lo que piense cada uno y lo escribiría exactamente igual si el caso afectara a cargos de otro partido político, porque habremos de convenir que con la que está cayendo en España resulta grotesca la pena impuesta. Y si hubiera cierta buena voluntad -que no la va a haber- tampoco estaría de más reconocer que zarandear a una institución como el Ayuntamiento de Sevilla durante meses por un asunto semejante sólo ocasiona un daño irreparable al buen nombre de las administraciones públicas y de la propia ciudad, que apareció reiteradamente como el garito de los piratas más experimentados en un afán indisimulado de dispararle al alcalde.
A mi juicio, el sentido de la proporción política, periodística y judicial es tan importante como la propia persecución del delito. La exageración destemplada e interesada sólo conduce a socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Después nos quejaremos cuando la gente no vote o cuando se insulte a los políticos por la calle o cuando un iluminado de ocasión pida el fin de la democracia, pero sólo será la recogida de la siembra de las tempestades.
Lo que llevamos de 2009 está siendo muy interesante en lo que se refiere a la jurisprudencia política en los casos de corrupción. El PP nacional ha reaccionado con prontitud y a raíz del caso Gürtel ya se ha quitado de en medio a tres alcaldes y un consejero. El PSOE ha hecho lo mismo en Andalucía con el alcalde de Alcaucín. Aquí aún esperamos profilaxis similares por parte del PP en el caso de Alahaurín el Grande y su alcalde, Juan Martín Serón, al que el fiscal pide que se le juzgue por presunto blanqueo y cohecho y cuyo patrimonio levanta sospechas en el ministerio público. Si quieren, detallamos lo que ha escrito de puño y letra un juez de la Audiencia Nacional respecto a Valencia, a los trajes a medida que presuntamente la trama corrupta le pagaba al presidente de la comunidad, a un consejero y supuestamente al secretario general del PP valenciano. Eso por quedarnos sólo en las ramas de la estética más perfumada del asunto. Ya veremos en que queda el asunto, pero, por si acaso, el PP ya ha puesto en marcha una campaña de acoso y derribo al magistrado, incluso con acusaciones de Esperanza Aguirre sobre los regalos que dice que acepta Garzón. Aquí en Sevilla toca otro plato distinto. Acatar la sentencia del juez y salvar la responsabilidad de los que siguen vivos en el tablero municipal. ¿Tanto trabajo le costaba al gobierno municipal y a la propia dirección del partido haber dicho, además de que acatan la sentencia que lo de Marín y Pardo es una pasada? Dudo que nadie en España pueda comerse tanta cárcel por tan poco dinero.
