Según explican desde el Gobierno andaluz, el proyecto -firmado por seis diputaciones, la Junta, los ayuntamientos ribereños, la CEA, UGT y CCOO-, va a suponer una inyección aproximada de 500 millones de euros en un plazo máximo de cinco años, un fondo con un condicionante esencial: que cada proyecto, cada empresa, cada iniciativa que se emprenda pueda lucir la etiqueta de sostenible. "Porque es la única manera de avanzar con justicia", recordó el presidente andaluz, José Antonio Griñán, el pasado miércoles.
Desde el empresariado se ha acogido con interés y cautela este plan, porque temen que, además de ilusionante, sea voluntarista y nunca cuaje en medidas concretas. Desde la Junta lo niegan. "La apuesta es firme y hay un compromiso claro del presidente en su ejecución". Pero en tiempos de crisis, además, una propuesta así no puede dejarse escapar; de ahí que las diputaciones provinciales calculen que serán "al menos 300" los emprendedores que, en una primera fase, podrán beneficiarse del plan, que incluye ayudas directas, facilidades burocráticas, apuestas temáticas y redes de asesoramiento. "Con una proyección mínima de cinco o diez empleados por negocio, el rescate de mano de obra es evidente", señalan desde la Diputación de Jaén. La apuesta fluvial debe pivotar, insiste la Junta, "en la generación de importantes inversiones públicas y en la atracción de otras de naturaleza privada". "Sin esa cooperación entre todos no avanzaremos", insistió Griñán.
El proyecto "no tiene sólo una dimensión empresarial o de generación de empleo", sino que trata de "dibujar un nuevo modelo socioeconómico en los municipios del interior de la comunidad". Un dato que aportan los técnicos de la Diputación de Córdoba: se espera que con la puesta en marcha del Proyecto Guadalquivir se frene hasta en un 40% la emigración interior de los pueblos de la cuenca hacia las grandes ciudades o la costa andaluza. Actualmente, según la Estadística de Variaciones Residenciales del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), más de 165.000 ciudadanos cambian al año de residencia dentro de las provincias de la región. De ellas, cerca del 80% procede de los municipios que ahora se van a ver directamente beneficiados por la puesta en valor del Guadalquivir.
A principios de 2010 se va a constituir el consorcio mixto encargado del diseño y seguimiento de las actuaciones. Comenzará a trabajar sobre los logros de la única gran inversión realizada de forma integral en el río en los últimos 30 años: los 58 millones aprobados en 2008 para fomento del turismo. Año y medio después de asumir las competencias exclusivas sobre el Guadalquivir, llega la hora de ir a más.