Cuando ante un caso de violencia de género se activa el Sistema de Seguimiento Integral (Vigeon) del Ministerio del Interior, supone poner en alerta a fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, agentes judiciales e Instituciones Penitenciarias para trabajar en coordinación con el fin de recabar información, hacer un seguimiento, valorar el riesgo en el que puede encontrarse la mujer y, en función de éste, protegerla.
JAVIER DÍAZ
Actualmente, siguiendo este protocolo, en Sevilla hay 3.781 casos activos (24 de ellos corresponden a menores de edad) de los cuales tres están calificados como de riesgo alto, 106 medio, 550 bajo y en 3.122 casos no se aprecia riesgo inmediato (en la provincia no hay actualmente ningún caso activo de riesgo extremo). En virtud de esa valoración, hay 539 mujeres bajo protección policial activa. Son las víctimas, pero es su vida la que se ve necesariamente controlada por su propia seguridad. Por contra, solo 24 agresores ven sus pasos vigilados a través de dispositivos electrónicos, los famosos brazaletes que solo pueden ser instalados por orden judicial y que hacen saltar una alarma si el maltratador rompe una orden de alejamiento o medida de protección hacia la mujer. En lo que va de año se han instalado tres y desinstalado otros tantos.
No son las únicas medidas de protección pero sí las más controvertidas por la limitación de derechos y libertades que suponen para víctima y agresor. En un Estado de Derecho como el español, toda restricción de este tipo ha de estar muy justificada en aras de un bien mayor y desde la entrada en funcionamiento de los famosos brazaletes para maltratadores, asociaciones de mujeres, algunas instituciones e incluso juristas han denunciado su escaso uso por parte de los jueces (en toda España hay actualmente 733 dispositivos instalados, 166 en Andalucía). Tampoco la protección policial a la víctima resulta idónea, por lo que tiene de doble castigo para la mujer maltratada, como lo es también tener que huir de su casa o cambiar de ciudad en casos extremos para garantizar su seguridad. Por eso no son instrumentos masivos y se recurre a ellos tras todo un proceso de valoración. La prueba es la cifra de casos en los que se han usado a fecha 31 de octubre, último informe de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
No obstante, hay otros procedimientos para tener alguien a quien acudir en caso de emergencia aunque no sea un policía, como el servicio telefónico de atención y protección para víctimas Atempro, una teleasistencia móvil que éstas solicitan y que les permite contactar con un centro de asistencia con personal especializado gestionado con los servicios sociales municipales disponible 24 horas 365 días al año donde no se limitan a esperar un mensaje de socorro sino que a su vez realizan llamadas periódicas de control a las mujeres. En Sevilla, este servicio cuenta actualmente con 639 usuarias. Garantizar la seguridad de la mujer es la prioridad. Que la violencia de género no quede impune, un deber para acabar progresivamente contra esta lacra social. Actualmente hay 219 maltratadores cumpliendo condena en las cárceles sevillanas (1.340 en toda Andalucía y 5.556 en España).
La denuncia es el primer paso que activa todos los mecanismos y a ello van encaminadas todas las campañas y mensajes institucionales que cada 25 de noviembre golpean las conciencias de la sociedad, eso sí, con las precauciones y el acompañamiento necesario ya que el paso de denunciar, igual que el de romper la relación, eleva el riesgo inmediato. Pero lo cierto es que de las 45 mujeres asesinadas la última el sábado en lo que va de año (diez en Andalucía y una en Sevilla), solo nueve habían denunciado, entre ellas la víctima del sábado que lo hizo hasta once veces y que tenía medidas en vigor, si bien no es lo habitual.
En el primer semestre de 2013, los juzgados sevillanos de violencia de género recibieron 3.173 denuncias (657 renunciaron al proceso) y de ellas, en 922 casos la víctima (o en su caso la Fiscalía o la autoridad judicial de oficio) solicitaron medidas de protección ya sea de alejamiento, incomunicación o de otra índole. Curiosamente, solo fueron adoptadas 359 (el 38,9%) frente a 563 que fueron denegadas. Una proporción que contrasta con la media andaluza y nacional, donde el 59 y el 61% de las órdenes de protección solicitadas son acordadas por los jueces respectivamente. De las ocho mujeres asesinadas que habían denunciado, seis solicitaron medidas de protección, cinco de las cuales la obtuvieron pero en el momento del crimen solo en un caso la orden seguía en vigor.
Si sufre malos tratos o conoce algún caso de violencia de género, denúncielo en el teléfono gratuito 016, que no deja huella en la factura
