557 municipios que tramitan sus PGOU podrán acortar el proceso engorroso

Gota a gota. Siete años después de que expirara el plazo para adaptar los planes generales a la LOUA, el 67% de los municipios han culminado esta obligación legal

el 02 feb 2014 / 23:37 h.

El Borge es uno de los 16 municipios de la Axarquía malagueña donde la ausencia de PGOU ha fomentado el ladrillo ilegal.La Junta ha recogido el guante de las reclamaciones que llevan años haciéndole los ayuntamientos de todo color político y los empresarios y prepara un cambio normativo de calado para eliminar burocracia en el engorroso proceso de tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La promesa no es nueva aunque se quiera vender así, pero se enmarca en la estrategia decidida de la presidenta andaluza, Susana Díaz, de rescatar la construcción para aliviar las escandalosas cifras del paro en el sector (unas 600.000 personas). La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabaja ya en dos líneas: por una parte está formulando el reglamento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) –otra vieja reivindicación– para que los municipios tengan más protagonismo en la elaboración del planeamiento y, por otra, ultima un decreto que estará en febrero y que agilizará el a veces eterno proceso –dura entre seis y ocho años– para que un PGOU vea la luz. Actualmente 557 municipios andaluces (el 72% del total) están tramitando un nuevo plan general (algunos se están adaptando a la LOUA y otros revisando para introducir modificaciones) y podrán beneficiarse del cambio normativo que aligerará el procedimiento. Por otra parte, siete años después de que expirara el plazo para que los municipios andaluces adaptaran sus PGOU a la LOUA, siguen siendo muchos los consistorios que no han hecho los deberes. Esta ley de 2002 fue muy polémica: la consejera Concepción Gutiérrez la impulsó en pleno boom inmobiliario para tratar de poner coto a las tropelías del ladrillo que ya afloraban descaradamente en Andalucía. La norma obligaba a los consistorios a destinar el 30% del suelo a VPO. Se opusieron a ella ayuntamientos, empresarios y el PP. En total son 492 los municipios que se han ajustado a la norma, es decir, el 67% del total pero donde viven el 85% de los andaluces. Las provincias con mayor grado de cumplimiento son Cádiz y Sevilla, y las de menor grado son Málaga y Almería. En el caso de las capitales, todas menos Jaén cuentan ya con un PGOU al día. El alcalde jiennense ha criticado esta semana que la promesa de la Junta contrasta con el «bloqueo» que, a su juicio, está sufriendo el nuevo plan general de su ciudad, que está en fase de aprobación definitiva. El procedimiento. La aprobación definitiva es el último paso para que un plan general vea la luz y solo ese paso es de competencia exclusiva de la Junta. Las anteriores fases dependen de los ayuntamientos aunque también interviene el Gobierno andaluz. Los municipios pasan años de consejería en consejería –también se dirigen al Estado– para reclamar una serie de informes sectoriales y es ahí donde se produce el colapso. El futuro decreto de Medio Ambiente creará comisiones provinciales de coordinación urbanística donde se sentarán ayuntamientos, consejerías, diputaciones o Estado para unificar todos esos informes. La consejera María Jesús Serrano se ha comprometido a que un municipio cuente con toda esta documentación en unos tres meses. En la planificación urbanística queda otra asignatura pendiente: todavía hay en Andalucía 171 municipios (el 22,6% del total) que directamente nunca han tenido un plan general. Algunos cuentan con normas muy antiguas que se aprobaron entre la década de los 70 y de los 80 del siglo pasado y todo este tiempo en el limbo ha provocado numerosos desmanes urbanísticos, como la construcción de miles de viviendas en suelo rústico. En los cambios que la Junta prepara para resucitar la construcción deberá conjugar el crecimiento económico con el medio ambiente y la sostenibilidad, algo que IU, socios en el Gobierno, se encargan de advertir a diario. El equilibrio no es fácil. El PP habla de «empanada mental» en el Ejecutivo andaluz y le pide que antes de agilizar los trámites urbanísticos retire el polémico plan del litoral, que los alcaldes de la costa (la gran mayoría del PP) ven como un obstáculo al crecimiento económico de la zona. La Junta niega contradicción alguna en su estrategia y recuerda que hay margen suficiente para construir: los procedimientos de adaptación a la LOUA han puesto de manifiesto que existe suelo para un millón de viviendas, de las que 285.000 serían protegidas. Y el litoral andaluz alberga 30 millones de metros cuadrados para levantar 40.000 casas. Ayudas de la Junta Las adaptaciones de los PGOU  la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es el cuento de nunca acabar. En enero de 2007, cuando acababa el plazo dado por la Junta, solo 56 municipios tenían su planeamiento ajustado a la norma autonómica. En 2008, ante esta situación de colapso, la Junta de Andalucía aprobó un decreto que abría la posibilidad de que un consistorio adaptara solo parcialmente su plan general a la LOUA, es decir, únicamente para hacer posible la reserva obligatoria de suelo para VPO (el 30%). También habilitó una orden de subvenciones  para incentivar la redacción de los planes generales y estas adaptaciones parciales. La consejería ha concedido ayudas desde 2008 por importe de 31 millones de euros, casi al 50% repartidos entre PGOU y adaptaciones parciales.

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