La crisis económica y el nuevo modelo de movilidad han tenido dos efectos contrarios sobre los compromisos del Gobierno local para este mandato. Por un lado, se ha acentuado la intención ya anunciada hace meses de impulsar el uso de los ciclomotores al eliminar el pago del Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica para la mayor parte de las motos. Por otro lado, se ha desistido de aplicar el acuerdo alcanzado por PSOE e IU en el pacto de progreso para gravar los todoterrenos y los coches más contaminantes.
Las nuevas ordenanzas fiscales municipales recogerán por primera vez una medida de apoyo a motos y ciclomotores, solicitada en 2007 por empresarios y sindicatos. Se suprimirá completamente el tributo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica a las motos con una cilindrada inferior a 125 centímetros cúbicos.
En esta categoría figuran más de 60.000 motos y ciclomotores, según los datos del Ayuntamiento. La iniciativa permitirá un ahorro limitado, pero simbólico a todos los usuarios de este tipo de medios de transporte. Según el proyecto de ordenanzas de 2008, el gravamen por este concepto ascendía a 7,8 euros, aunque la Delegación de Hacienda cifró ayer los ingresos por este concepto en 5,8 euros por cada usuario.
Esta medida se enmarca en un plan de fomento de este medio de transporte impulsado en este mandato por el Gobierno municipal, que incluirá entre otros proyectos, la configuración de una ordenanza específica para este medio de transporte, la construcción de aparcamientos subterráneos y una modificación de la señalización vertical similar a la acometida en la Ronda Histórica, que habilita un área específica de detención antes de los semáforos.
En el otro extremo se sitúa la regulación de los coches más contaminantes. En el pacto de gobierno, PSOE e IU anunciaron la creación de un gravamen progresivo para que los vehículos más sostenibles paguen menos que el resto. La iniciativa se ha topado con tres escollos. El primero, el incremento del Impuesto de Matriculación establecido por el Gobierno central para este tipo de vehículos.
En segundo lugar, la crisis del sector automovilístico que obliga a replantearse cualquier tipo de iniciativa que empeore su estado. Por último, el vacío legal existente. Aunque el Gobierno central se ha comprometido con la Federación Española de Municipios a reestructurar la Ley de Haciendas Locales para permitir este tipo de gravamen, esta reforma no se ha producido.
Sí se mantendrá la única medida existente de fomento del transporte privado sostenible: los vehículos que funcionen con energía eléctrica, solar o con biocombustible tendrá una subvención de hasta el 75%.
