Unos 600 rumanos residentes en Sevilla y que se han quedado sin empleo podrán marcharse a su país con ayuda del Gobierno y cobrar allí el desempleo. Eso sí, deberán comprometerse a "buscar activamente un empleo" en su tierra. El Ministerio de Trabajo calcula que hay 1.350 rumanos parados en la capital y la provincia.
La decisión está en su mano. Unos se niegan a marcharse porque entienden que España es una tierra de oportunidades o, al menos, de más oportunidades que Rumanía. Otros querrán quedarse porque están integrados y tienen su vida hecha en Sevilla. Están también los que decidirán irse, por cansancio, por desesperación o por añoranza de su tierra. Sólo 600 de los rumanos que hoy viven en Sevilla podrán contar con ayudas del Gobierno central si optan por esta última salida. Según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el acuerdo firmado hace una semana por el ministro Celestino Corbacho y su homólogo rumano permitirá que esas 600 personas cuenten con una ayuda para el viaje de regreso -en la práctica, se les pagará el billete de avión- y cobren en su destino el subsidio de desempleo al que tienen derecho por haber cotizado en España.
Actualmente, en Sevilla y su provincia hay 13.500 rumanos con tarjeta de residencia y, de ellos, unos 1.350 están parados, con datos cerrados por el ministerio a 31 de marzo. En su mayoría, estos desempleados vienen de trabajar en la agricultura, la construcción y el sector servicios -hogar y hostelería, básicamente-. Aproximadamente el 40% de estos ciudadanos rumanos son beneficiarios de prestaciones por desempleo, y son ellos los que podrán acogerse a la nueva disposición del Gobierno central.
La situación de crisis ha golpeado con fuerza al mercado de trabajo sevillano (la tasa de paro en abril es ya del 20,11%), pero el daño en el colectivo de rumanos es aún mayor. El paro entre los ciudadanos de dicho país ha crecido un 142% en tres meses, de diciembre a marzo pasado, una cifra seis puntos por encima de lo que ha subido en España. La sólida red de amigos y familiares y la posibilidad de trabajos estacionales los habían atraído hasta aquí.
La cifra de trabajadores beneficiados por el nuevo acuerdo quizá no parezca alta, pero es engañosa; hay que ver la repercusión real que tiene en quienes viven dependiendo de ese sueldo, normalmente como ingreso único de la familia. Ahí el drama se multiplica, pues estas 600 personas tienen a su cargo a otras 4.000 más, parientes que viven con ellos, que consumen y gastan, y que no trabajan, bien por falta de empleo en España, bien porque son menores de edad o ancianos. Son, pues, 4.600 las personas pendientes del porvenir, que hoy debaten qué hacer con su futuro, dónde vivir, de qué. Si vuelven o se quedan, si se arriesgan.
El Gobierno calcula que no más de un 40% de los potenciales retornados tiene intención de acogerse a las ayudas de Trabajo. En toda España, serían unos 30.000 rumanos de los 71.000 parados registrados a 31 de marzo. Desde el ministerio reconocen que es difícil convencer a alguien de que se marche si en este país se le pagan 850 euros como subsidio mínimo y en el suyo no pasan de 137, seis veces menos.
"El progreso que está viviendo Rumanía desde su incorporación a la Unión Europea en 2007 no tiene nada que ver con la situación que obligó a la emigración. Con los días, los inmigrantes verán que se les da una salida razonable, aunque pueden permanecer aquí sin problemas", añaden fuentes ministeriales. Y pueden hacerlo, más allá de que tengan o no un empleo, porque el hecho de ser comunitarios les permite moverse por los países miembros -el Espacio Schengen- sin ataduras. Este hecho impedía hasta ahora incluir a los rumanos dentro del Plan de Incentivo al Retorno Voluntario del Gobierno porque su condición de europeos era incompatible con el requisito de no regresar a España en al menos cinco años. Sólo un acuerdo bilateral ha permitido sortear este obstáculo.
