La crisis se está cebando con muchas familias sevillanas y los datos así lo certifican. La situación es escalofriante, al igual que los números: 701 familias han solicitado un piso social, 339 de ellas con ingresos muy por debajo de los 750 euros. Sin embargo, el Gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) sólo ha adjudicado cuatro viviendas del 6 de julio al 8 de noviembre de este año, pese a contar con 24 pisos vacíos. Un sinsentido que hace que haya familias al borde del desahucio y del corte del agua o la luz, alojadas con los abuelos en minúsculos pisos, sobreviviendo de la caridad de otros y viviendo con el peso de no ver el futuro.
Josefa Doblado, de 69 años, se abraza a un niño tras saber que se aplazaba su desahucio.
Una resolución del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación que dirige María Dolores de Pablo-Blanco del pasado día 19 de noviembre incluye el listado de familias en proceso de intervención social y con urgente necesidad de vivienda. Urgente sí, pero sólo para estas personas, porque los tiempos administrativos tienen otros ritmos. La mayoría de estas familias llevan meses esperando una respuesta que no llega del Ayuntamiento, de Emvisesa o del distrito.
362 familias están inscritas en el registro general, tienen rentas inferiores a 2,5 veces el Iprem, unos 1.100 euros y cumplen todos los requisitos, mientras que otras 339 familias viven con menos de 1,5 veces el Iprem (750 euros). En la resolución municipal incluso se detalla el número de familias que, por el número de hijos, pide una vivienda de 1, 2, 3 o 4 dormitorios: 47 solicitan los pisos más grandes, 238 de tres dormitorios, 291 de dos y 125 de un solo dormitorio. Pese a la urgencia y el drama social que supone no tener dinero para pagar una vivienda, en dicha resolución se expone que del 6 de julio al 8 de noviembre sólo se han adjudicado cuatro viviendas sociales, mientras que se han registrado 72 bajas, 68 por caducidad, una por criterio técnico y tres por renuncia con penalización. Los informes recepcionados y revisados fueron 166 del 8 de junio al 8 de octubre de 2013, 87 de ellos nuevos. Y es que el número de familias en riesgo de exclusión social aumenta con el recrudecimiento de la crisis y la falta de trabajo. ¿Y hay viviendas municipales vacías? 24. Así se recoge en un expediente fechado el 20 de noviembre de adjudicación de tres pisos sociales que fue ratificado en el último consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo. En él se señala que aún quedan 24 viviendas vacías de un total de 151 que forman el parque social municipal. El pasado año había una treintena sin ocupar. Así que parece que el proceso de adjudicación es más que lento, lamentablemente para las familias. Además, la coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento es deficiente, como lo han podido comprobar algunos de los solicitantes de un piso social. El 15 de febrero de 2013 la Gerencia de Urbanismo aprobó traspasar a Emvisesa 156 viviendas sociales que antes estaban gestionadas por Otainsa (oficina que cerró el PP) y que supuestamente pasaban a depender de los criterios de servicios sociales y de la gestión de la empresa de vivienda, sin embargo, dicha cesión aún no se ha hecho efectiva. Hasta tanto se produzca la aceptación de la cesión de uso por parte de Emvisesa, continúa el Parque Social de Viviendas del Servicio de Conservación y Paisaje Urbano de esta Gerencia de Urbanismo la gestión de las mismas, se señala en el expediente del pasado 20 de noviembre firmado por el gerente de la Gerencia, Alberto de Leopoldo y el vicepresidente, Maximiliano Vílchez, delegado de Urbanismo. Quizás por este motivo algunas de las familias demandantes de una vivienda social han recibido cartas del Ayuntamiento que les emplaza a dirigirse a Emvisesa y de Emvisesa que les comunica que el competente es el Consistorio. Con este panorama no es de extrañar que los grupos de la oposición, tanto PSOE como IU hayan denunciado el descontrol y la falta de políticas en materia de vivienda del equipo de Zoido. Hay que recordar que nada más llegar a la Alcaldía, el PP cerró Otainsa (la oficina gestionada por IU destinada a atender la problemática entre inquilinos y propietarios de inmuebles) y abandonó el proyecto de rehabilitación de las fincas 5 y 6 de la Encarnación, símbolo de la lucha contra la especulación, anulando el millón de euros de presupuesto con el que contaba para recuperar una treintena de viviendas sociales. Además, el PP planteó trasladar la sede la Policía Local de Triana-Los Remedios a la Casa Tapón, lo que afectaba a varias viviendas sociales del Corral de la Encarnación. El rechazo al proyecto de la Comisión Provincial de Patrimonio porque el edificio es un BIC hizo dar marcha atrás al PP, que se volvió a ganar duras críticas.
