Las tarifas de último recurso (TUR) de electricidad -los precios máximos que podrán cobrar las compañías y que el Gobierno central fijará desde el 1 de julio- quedarán reservadas a quienes tengan contratada una potencia inferior o igual a 10 kilovatios (kW), frente al límite de 15 previsto inicialmente.
El cambio de límite dejará fuera de las TUR a unos 760.000 clientes de baja tensión, en su mayoría pymes y que representan el 5% de la demanda total de energía eléctrica en España, según datos de la patronal eléctrica Unesa.
Según el Ministerio de Industria, podrán acogerse a las tarifas máximas 24,92 millones de clientes de baja tensión, mientras que 1,25 millones de usuarios, que suponen ahora el 31,7% del consumo en baja tensión, deberán ir al mercado liberalizado al haber contratado más de 10 kW de potencia.
Esta novedad se incluye en un Real Decreto, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que regula la puesta en marcha del suministro de último recurso eléctrico, que supondrá la desaparición de la actual tarifa integral y permitirá avanzar en la liberalización del sector.
Los datos de Unesa indican que la baja tensión representa el 48% de la demanda global de energía eléctrica en España. El 30% del consumo total corresponde a 23,5 millones de clientes con una potencia inferior a 10 kW, mientras que el 13% proviene de 550.000 usuarios con más de 15 kW y el 5% restante, a unos 760.000 clientes que tienen contratados entre 10 y 15 kW.
A partir del 1 de julio, cuando entrarán en vigor las TUR, la mayoría de los consumidores domésticos y algunas pequeñas empresas podrá optar entre acogerse a las nuevas tarifas o negociar su suministro de electricidad en el mercado libre.
