Los participantes en la movilización de protesta en Madrid eligieron un atuendo amarillo para llamar la atención sobre el recorte de primas a la fotovoltaica. / juan zarco (EFE)
«Te voy a contar el caso de una chica de Almería. Le quedaban seis mensualidades del crédito por pagar y llevaba dos meses sin poder hacerlo. El banco le propuso refinanciar o ejecutar las garantías. Obviamente tenía que refinanciar. Lo ha tenido que hacer a un interés del 9,5 por ciento». Ella fue una de las alrededor de 10.000 personas, inversores de plantas fotovoltaicas, que se echaron ayer a las calles de Madrid para protestar por la actuación del Gobierno, al que recriminan que haya cambiado las reglas del juego de una inversión «rentable, segura y ética» en energías renovables, con una sustancial modificación de la política de retribución de las primas generando, además de inseguridad, que muchos productores se hayan quedado sin la remuneración prevista pero sí con el crédito pendiente de pago.
En España hay 62.000 inversores de instalaciones fotovoltaicas, aunque el impacto puede alcanzar las 200.000 personas, explica el presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Renovable (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, que estima la inversión media por unidad familiar en torno a 400.000 euros, al incluir a grandes productores y a pequeños. Una inversión «cuyos pagos estaban garantizados por el Gobierno», y para la que, en su momento, hizo una campaña de captación, apostilla Rafael Barrera, director de Anpier, asociación promotora de la movilización.
La radiografía actual es la siguiente: 62.000 familias desembolsaron 24.000 millones de euros en plantas fotovoltaicas, y de esa cantidad, 18.000 millones se les adeuda a la banca, que en muchos casos financió hasta el 80 por ciento de las inversiones dado que la remuneración estaba garantizada.
El pasado 6 de junio el Gobierno aprobó el cambio retributivo del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) que sustituye el sistema de primas por una «rentabilidad razonable» para la vida útil de la planta, con lo que prevé ahorrar anualmente 1.700 millones.
En este cambio, que se traduce en que algunas plantas sufrirán un recorte de hasta el 50 por ciento en la retribución, lo que hace a muchas «inviables», ha dejado atrapados a unos 8.000 inversores andaluces (7.958 para ser más específicos, según datos de Industria), aunque habría unas 24.000 personas afectadas porque normalmente hay más de un titular detrás de cada instalación, que suman una potencia instalada de 878,14 megavatios. Y, de ellas, en la provincia de Sevilla constan 2.068 productores (extrapolando datos, más de 6.000 titulares) con 216,47 megavatios. Andalucía es la segunda región, por detrás de Castilla-La Mancha, más afectada.
Cuatro comunidades autónomas Andalucía, Extremadura, Murcia y Navarra han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma energética, que el pasado viernes publicó su última orden ministerial. Pero no serán los únicos litigios. «Vamos a presentar miles de demandas ante el Tribunal Supremo por el daño causado y ante la Audiencia Nacional», indicó el presidente de Anpier, que tildó de «éxito rotundo» la respuesta a la movilización hasta el Ministerio.
A los dos años de invertir en las plantas algo que hicieron entre 2008 y 2010, el Gobierno socialista con Miguel Sebastián al frente de Industria recortó, con carácter retroactivo, el retorno garantizado en un 30 por ciento, pero el reciente cambio regulatorio del actual Ejecutivo no ha dado sino la puntilla al sector. «El Gobierno del PP lleva más de ocho normas en contra de las renovables; esto es inédito en cualquier país», señala. «Nos sentimos estafados y engañados por un continuo ataque al sector», que considera que es una respuesta a la «amenaza» por parte de las grandes eléctricas para impedir el desarrollo de este tipo de tecnologías limpias.
Rafael Barrera abunda en que los afectados pretendían amortizar la inversión en un periodo de entre diez y doce años, y luego obtener beneficio, explica, al tiempo que se queja de que no se trataba de inversiones especulativas: «No invertimos en bolsa, ni en comprar pisos... lo hicimos en desarrollar una tecnología limpia en instalaciones que había que mantener, arreglar, limpiar... No es lo mismo que un producto financiero», insiste. Y lamenta que sea ahora, una vez que la tecnología está «madura» y es competitiva en precios, cuando el Gobierno suprima los retornos que estaban garantizados.
