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8.100 personas ya perciben las ayudas por dependencia

La provincia hace los deberes para adaptarse a la Ley de Dependencia. La Diputación precisó que "está al día" en la tramitación de las solicitudes de estas ayudas y, para ello, arrojó datos.

el 15 sep 2009 / 05:30 h.

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La provincia hace los deberes para adaptarse a la Ley de Dependencia. La Diputación precisó que "está al día" en la tramitación de las solicitudes de estas ayudas y, para ello, arrojó un dato: desde que entró en vigor la ley, están en trámite 9.000 peticiones, de las cuáles un 90% -8.100- están siendo atendidas.

Este cumplimiento de la Ley de Dependencia se produce en los municipios con menos de 20.000 habitantes, que son los que gestiona la Diputación, según precisó el diputado de Servicios a las Personas Dependientes y Derechos Sociales, Francisco Morales Zurita. En esta línea, señaló que Sevilla está mejor adaptada a la nueva ley que otras provincias españolas, como Madrid o Valencia.

Pese a que se admitió que se "está al día", la Diputación encarará una remodelación de la red de servicios sociales comunitarios para adaptarse a los nuevos tiempos. Aunque la aplicación de la ley corresponde a la Junta, "la Diputación, con los ayuntamientos, debe ser el soporte en el que se apoye la ley". Fruto en parte de esta necesidad, se presentó ayer el Plan Provincial para el Fomento de los Derechos Sociales de 2008 que, además de impulsar la Ley de Dependencia, contempla prioridades como consolidar la red de servicios sociales, ayudar a la población drogodependiente, garantizar la atención integral a las familias y afianzar la calidad de los servicios.

El plan contempla una inversión global de 30 millones, de los que más de la mitad proceden de las arcas de la Diputación de Sevilla. De esta cantidad, más de un tercio se destinará a reforzar la plantilla de la red de Servicios Sociales destinada a los municipios con menos de 20.000 habitantes.

Sumar personal. La plantilla estará compuesta, con la inversión, por más de 790 profesionales, que se repartirán en 454 auxiliares de ayuda a domicilio -21 más que en 2007-, 121 trabajadores sociales -22 más- y el doble de personal administrativo, que pasará de 34 a 72 empleados. Y es que, con este refuerzo, se prevé que la ratio de personas por trabajador social se fije en cinco mil habitantes y que haya un aumento de personal en todos los municipios que tengan más de ocho mil habitantes que cuente sólo con un trabajador.

Eso es sólo la punta del iceberg, según Villalobos, cuyo reto de la legislatura en política social es potenciar que la figura del educador esté presente en todos los municipios. Hasta la fecha, está figura está presente sólo en 75 pueblos considerados pequeños, es decir, en torno al 80%.

Junto al aumento de personal, el plan recoge también una mayor oferta de plazas en las residencias concertadas o gestionadas por la Diputación. En total, se ofertarán 357 plazas para mayores, más 25 de unidad de estancia diurna para personas con alzhéimer y otras 63 destinadas a las personas con discapacidad.

Villalobos destacó que el plan cuenta con un presupuesto de 24,1 millones, a los que se suman otros cinco millones desde otras áreas, como la de Organización y Sistemas, que destinará dos millones para mejorar la infraestructura de las residencias de San Ramón, en Miraflores, y de Cazalla de la Sierra.

Además, con esta inversión, se permite alcanzar una ratio por habitante de 16,99 euros en materia de servicios sociales en los municipios con menos de 20.000 habitantes.

El 52% de la inversión del plan provincial -sin incluir las partidas de otras áreas- procede de la Diputación, aunque también participó en la iniciativa la Junta de Andalucía, con una contribución de 7,1 millones -un poco menos del doble que hace un año-, seguido por los ayuntamientos, que aportan al proyecto 3,1 millones, y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que destina 1,2 millones.

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