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80 denuncias por "torturas"

Informe de la asociación Pro Derechos Humanos

el 06 jul 2010 / 19:16 h.

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Un total de 624 personas denunciaron torturas y malos tratos en el Estado español, 81 de ellas en Andalucía, con lo que se mantiene el número de casos respecto al año anterior. Es lo que se desprende del "Informe sobre la tortura en Andalucía durante el año 2009", que ayer presentaron la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), el Grupo 17 de Marzo y la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Enlace.

Los autores de este documento señalaron que el problema de los malos tratos por los Cuerpos de Seguridad sigue sin una solución práctica. Eduardo Millán, portavoz del Grupo 17 de Marzo, denunció el "fracaso" de que el Defensor del Pueblo haya sido la institución designada para supervisar que no se produzcan torturas. A su juicio, debería estar en manos de entidades "independientes".

Muertes. Las asociaciones advierten de que las detenciones sin comunicación y los interrogatorios son los escenarios donde se contabilizan más denuncias, al producirse sin presencia de testigos o en situaciones en que los agentes quieren conseguir la inculpación de un delito por parte del detenido. El informe señala que hay "110 muertes bajo custodia de funcionarios de policía o de prisiones en 2009". Advierten de que hay muchos casos que no llegan a salir a la luz y de que los "médicos penitenciarios tampoco ayudan, lo que viene a encubrir el problema".

Pro Derechos Humanos insiste además en la disparidad de penas en estos casos. Frente a un funcionario al que impusieron un año y medio por romperle el tímpano a un preso y dejarle sin audición, la asociación contrapone el que una falta contra un agente "puede costar hasta tres años" de pena. "El cien por cien de las denuncias en prisión por tortura o malos tratos son contradenunciadas por los funcionarios, que alegan que la agresión fue en defensa propia", subrayan. Luis Ocaña, del Grupo 17 de Marzo, criticó que hoy en día "prohíben tantas cosas que el ciudadano no puede interpretar qué se prohíbe", de hecho -dijo- "ni los propios policías locales son capaces de interpretar qué está prohibido".

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