El voluminoso libreto que recoge los Presupuestos andaluces de 2012 contiene partidas de gasto explicadas minuciosamente hasta el detalle, singularmente en educación, mientras que otras están apenas esbozadas, someramente descritas, caso de la inversión en infraestructuras.
Es una forma de disimular una caída en la inversión del 25%, pero también es una declaración de intenciones. De los 32.020 millones que componen el Presupuesto del año que viene, el 92% corresponde al gasto social (una media de 80 millones al día), mientras que el capítulo de inversiones consolida un retroceso acumulado del 41% desde 2009.
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, llevó ayer al Parlamento el proyecto de ley de Presupuestos de 2012, los últimos de la legislatura, que previsiblemente serán aprobados el 21 y 22 de diciembre. Allí volvió a insistir en que las cuentas se han hecho para mantener los servicios públicos esenciales a resguardo de los recortes aplican otras comunidades. PP e IU creen que se han usado datos erróneos o "ficticios" y ya han anunciado que presentarán sendas enmiendas a la totalidad.
Las partidas de educación y sanidad concentran el mayor volumen del Presupuesto, con un 29,1% y un 22,5% del total respectivamente (16.521 millones de euros), un 1% más que este ejercicio. Hasta el capítulo de inversiones se subdivide en dos: las grandes infraestructuras, que quedan en el aire sujetas a futuros acuerdos de colaboración público-privada, y las infraestructuras que también tienen un carácter social, que suponen el 33% del gasto en inversiones (colegios, centros de salud, residencias de ancianos...) Sólo el Ente de Infraestructuras Educativas acapara 784,3 millones (un 16% de los 4.854 de inversión), que incluye los 108 millones del plan OLA para reformas de colegios, cofinanciado con fondos Feder. "Los proyectos de inversión más relevantes han resultado incompatibles con el cumplimiento de los compromisos del Gobierno andaluz en materia de política social", reza el texto.
La Junta mantiene su confianza en la fórmula de cofinanciación público-privada, que se puso en marcha hace dos años, y que en 2012 contará con 565,6 millones. Los constructores ya han mostrado su preocupación por la esclerosis que sufre la inversión desde hace años, recriminan a la Junta una deuda acumulada de mil millones que se remonta a 2007, y desconfían de los resultados de la financiación mixta con la empresa privada.
Para 2012 están pendientes proyectos cuya concesión ya se ha aprobado o que están pendientes de licitación, pero ninguno aparece con un presupuesto fijo asignado. Este año Hacienda ha preferido no segmentar el gasto inversor en partidas individuales ni provincializadas. En su lugar ha dejado todo el montante sin asignar, para actuar con más "flexibilidad", y tener ese dinero a disposición de las obras que vayan saliendo (gracias a acuerdos con la empresa privada).
La oposición lo achaca a una estrategia electoralista, que esconde la ausencia de inversión e impide el conflicto interprovincial.
Otra de las grandes patas del Presupuesto la conforman las empresas públicas que contarán con 3.322 millones de euros. En términos brutos, esta partida crece un 46% respecto a este año. Pero este aumento no es real. La Junta señala una reducción del 2%. La reordenación del sector público andaluz, subraya el Presupuesto, impide comparar porque se han eliminado y fusionado empresas y se han creado otras grandes agencias.
Precisamente una de las nuevas agencias que se integra en el sector público, la de Dependencia, es la que cuenta con un mayor presupuesto: 1.169 millones (el 42%), de los que 666 millones irán a prestaciones sociales y residencias. Andalucía ofrece prestaciones a 255.000 dependientes -el 30% del Estado- y alcanzará los 275.744 a finales de 2012. La abultada apuesta financiera de esta empresa también es una llamada de atención al Gobierno central, al que Griñán recrimina que distribuya los fondos de dependencia por población, y no por dependientes atendidos.
En términos globales el Presupuesto crecerá un 1,1%. La Junta ha decidido combatir la crisis y el paro gastando más, endeudándose más (hasta el límite legal), manteniendo el salario congelado a los funcionarios y subiendo los impuestos a las capas sociales más acomodadas (así prevé ingresar 227 millones más). Aguayo explicó ayer que los cálculos de la Junta "se basan en la reactivación económica para 2012 y buscan crear empleo".
El Presupuesto no vaticina el comportamiento del paro, pero afirma que "el empleo, principal objetivo de la política económica, tendrá un moderado aumento".Pese a las críticas de la oposición, Aguayo defiende que la previsión de crecimiento de los próximos presupuestos -un 1% del PIB- es incluso inferior a la que predicen los analistas del Ejecutivo andaluz. "Hay incertidumbre en los mercados, pero la OCDE asegura que en 2012 la economía se va a estabilizar", dijo Aguayo. La Junta ya previó un crecimiento del 1,3% del PIB para el presente ejercicio que, más tarde, hubo de corregir a la baja, dejándolo en un 0,3%.
En una entrevista en la Cadena Ser, el presidente José Antonio Griñán dijo ayer que el de 2012 es un presupuesto "socialdemócrata" y negó que fuera "electoralista", como le acusan desde otras comunidades, como Cataluña. "Nadie puede decir que subir los impuestos antes de las elecciones es electoralista".
