Lejos de calmarse, la situación de asfixia financiera por una interminable crisis que ya se prolonga durante más de cinco años se está recrudeciendo para las empresas sevillanas, como demuestra el ritmo de insolvencias en la provincia, que se incrementó con fuerza en el pasado 2012. Solo en ese ejercicio unos saturados Juzgados de lo Mercantil declararon un total de 315 concursos de acreedores, un 35% más de procedimientos que en 2011, de los cuales 281 se correspondieron con solicitudes de empresas ante la imposibilidad de hacer frente a sus pagos, cifra un 53% más elevada de las que se declararon insolventes un año antes. Por contra, los jueces declararon en quiebra a 34 familias, un 30,6% menos que en 2011.
Desde 2008 -primer año en el que empezó a sentirse la crisis- hasta 2012, han sido 832 las empresas sevillanas que han tenido que recurrir al concurso de acreedores (antigua figura de la suspensión de pagos) al no poder afrontar sus deudas. Junto a ellas, lo han hecho 184 familias.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en este lustro se han multiplicado por 2,5 las insolvencias registradas (156% más), alejándose de los 23 concursos de acreedores declarados en el ejercicio de 2007.
La mayoría de las empresas opta por solicitar el concurso voluntario cuando ve que no puede pagar sus deudas o que es inminente que no pueda hacerlo (desde el momento en que sea consciente de ello tiene un plazo de dos meses para iniciar el trámite). Lo que pretende con esta fórmula es blindarse para no perder la gestión del negocio -aunque esté tutelada por los administradores concursales-, mientras busca soluciones de refinanciación con bancos y proveedores para alcanzar un convenio que normalmente incluye una quita y un calendario de pagos. El concurso da un respiro, puesto que la autorización por parte del juez implica la paralización inmediata del pago a los acreedores.
Sin embargo, la realidad constata que son muy pocas las empresas que sobreviven y que no acaban en proceso de liquidación. Según un estudio del Banco de España, en el conjunto del país apenas lo ha logrado un 5% de las empresas declaradas en concurso por alcanzar un convenio con sus acreedores (de 2004 a 2011).
En Sevilla, solo el 5% de los procedimientos fueron necesarios, es decir, concursos que se inician no por voluntad del empresario, sino forzado por alguno de sus acreedores, ya que implica una posición de privilegio de quien lo provoca a la hora de cobrar. En la provincia se dieron 17 supuestos de este tipo el año pasado.
Construcción y comercio. // Las empresas vinculadas con el sector de la construcción -incluida la promoción inmobiliaria- continuaron siendo las más vulnerables en 2012, de modo que 91 de ellas fueron declaradas en concurso, el 51,6% más. Sin embargo, fue otro sector, el del comercio, el que se llevó la peor parte porque, en proporción a 2011, quebraron muchos más negocios. En concreto, 52 frente a los 30 de un año antes, un 73,3% más. De ellos, se vio más afectado el comercio al por mayor (47 casos) que el minorista y de vehículos (5).
La tercera pata la constituyen las empresas industriales que, en los dos últimos años, han mantenido una tendencia estable, con 30 y 29 suspensiones de pagos. El resto de empresas concursadas se corresponden con otro tipo de servicios como sociedades inmobiliarias financieras y seguros (15), y otras actividades profesionales (11), entre otros, pero ya a bastante distancia.
Seis de cada diez empresas declaradas en concurso el año pasado contaban con una plantilla de entre cero y nueve trabajadores, mientras que fueron siete compañías de más de 100 empleados las que suspendieron pagos (todas ellas en el segundo trimestre de 2012). En sintonía con la dimensión laboral anterior, el 60% de las empresas concursadas contaba con un volumen de negocio inferior a los dos millones. Solo el 6% registraba una facturación superior a 10 millones.
