Frente al administración vasca, navarra, extremeña o aragonesa -con un coste de entre 13.673,1 y 10.117,9 euros anuales por habitante-, Andalucía se sitúa por debajo de la media, aunque tampoco es la más barata ya que los valencianos, murcianos y madrileños pagan entre 8.359,2 y 8.898,8 euros por su administración.
Según el estudio, en la administración andaluza el 30,1% del gasto se dedica al pago de las nóminas y un 8,7% a inversiones reales, cifras en ambos casos iguales a la media estatal. El gasto destinado a personal ha aumentado entre 2002 y 2009 un 60% y el de inversiones un 125%. En cuanto a la administración local, dedica el 32,2% del presupuesto a personal y un 22,6% a las inversiones, si bien en este caso ambos fondos han crecido parejos (25,4 y 28,6% respectivamente en los últimos cinco años). Así, se destina de media a personal más de dos veces y media lo que se destina a inversiones reales. Y es que, según el estudio, el coste de un empleado público es un 20% mayor al de un empleado privado en España.
Si a nivel general, los asalariados del sector público han crecido en España un 6,2% en los últimos cinco años (frente al 1,9% del crecimiento de empleados en la economía en general), en la administración andaluza se han incrementado un 5,8% en ese tiempo. Así, los funcionarios representan un 19,9% del total de asalariados en Andalucía.
El estudio concluye que las comunidades con mayor peso del funcionariado público tienden a presentar niveles más bajos del PIB per capita, por lo que su director, Mario V. González, subraya la importancia de mantener el tamaño de los sectores públicos "a raya" para fomentar la productividad y eficiencia económica "máxime en tiempos difíciles".
