La acusación particular ha solicitado 16 años de cárcel para un padre y su hijo por cobrar 200.000 euros a cambio de aparcamientos que no construyeron en la calle Genaro Parladé de El Porvenir, mientras que la Fiscalía pide tres años de cárcel para el padre por dos delitos de estafa, según informaron a la agencia Europa Press fuentes del caso.
Durante el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Sevilla, el abogado de la acusación, Julián Rabadán, solicitó para cada uno de los dos acusados 16 años de prisión por dos delitos de estafa y el pago de una indemnización de 2.000 euros a cada afectado por daños morales, mientras que la Fiscalía retiró los cargos contra el hijo y sólo acusó al padre. La defensa pide la libre absolución.
En su escrito de acusación, consultado por Europa Press, el representante del Ministerio Público señala que el acusado, actuando en nombre de la sociedad Cano Bravo S.L., vendió a una de las afectadas cuatro plazas de garaje por 138.000 euros. La compradora pagó en ese momento 118.400 euros, mientras que a otro de los afectados le vendieron una única plaza por 35.000 euros, de los que pagó 29.600.
En los contratos firmados "se hacía constar que la sociedad vendedora era titular con pleno dominio" de dichas plazas de garaje, "indicándose que las plantas sótano y semisótano estaban destinadas expresamente a plazas de aparcamiento y estipulándose que si el 15 de septiembre de 2007 no estaban terminadas de construir, se devolvería el dinero entregado con el 3% de penalización", prosigue el informe.
Igualmente, "se hacía constar que contarían con todos los permisos y autorizaciones de las distintas entidades municipales, autonómicas y estatales para dar el uso que se pretendía a los inmuebles", agrega el fiscal, quien añade que el imputado, "a sabiendas de la gran demanda de aparcamientos que existe en la zona, repartió por la misma una serie de octavillas anunciando la venta de las susodichas plazas de garaje y manifestando a los compradores que la sociedad tenía una gran experiencia en la construcción y venta de garajes".
Según el fiscal, los aparcamientos "no estaban construidos ni en construcción en la fecha de los documentos", "habiéndose ocultado a los compradores que la comunidad de propietarios había denegado el proyecto presentado por la sociedad y que los estatutos de esta comunidad no permitían la construcción de plazas de garaje", ya que las plantas sótano y semisótano estaban destinadas a tiendas y oficinas.
Ante "determinados avisos escritos que avisaban a posibles compradores", los compradores "se pusieron en contacto" con el procesado, "que les dio toda clase de garantías de que su compra se haría efectiva y que no había ningún tipo de problema, llegando a convencerlos", a pesar de que la Gerencia de Urbanismo paralizó las obras de construcción y, en 2009, denegó la licencia de obras.
"Ciertamente, la sociedad era propietaria de las plantas sótano y semisótano, pero ocultó que la finca estaba gravada con una hipoteca", añade el fiscal, que asevera que, como en abril de 2008 "no había indicios de la construcción" de los aparcamientos, los compradores "se pusieron en contacto" con el imputado "para que procedieran a la devolución de las cantidades anticipadas", reintegro que "no se produjo, ya que el acusado había dispuestos de las mismas en su propio beneficio".
