Me parece a mí, y a otros que confíen en la independencia judicial y que detesten que desde el poder político se interfiera en su actuación, que ya está bien de pretender eludir las propias responsabilidades, exigiendo las cabezas de quienes se quiere hacer ver como únicos culpables del caso Mari Luz, es decir, un juez y secretaria que ni siquiera tienen la más mínima conexión y relación con su muerte. En todo caso se les podría conocer como el juez y secretaria que, por mayor o menor grado de negligencia, dejaron de dar cumplimiento a una de las miles de ejecutorias que se encuentran pendientes ante los juzgados de lo penal de toda España. Lo de intentar justificar su público escarmiento con un homicidio que se imputa a un sujeto que aún goza de la presunción de inocencia, al margen de un insulto a la más elemental inteligencia, entraña una ignorancia supina sobre las reglas de causalidad que rigen el Derecho Penal. La vicepresidenta y el ministro de Justicia deben saber, se presupone, que no hay pena o sanción sin dolor o culpa. De ahí que a tenor de su mediatizado argumento, se tendría que haber propuesto a ambos, candidatos ahora al patíbulo, para la concesión de la Gran Medalla de San Raimundo si ese mismo sujeto, que andaba suelto sin deber, en vez de matar presuntamente a la niña la hubiera salvado de morir atropellada, por ejemplo.
Me parece más lamentable si cabe cuando tras conocer los presupuestos del Estado para el año 2009, se advierte que sólo se destina un 0.5 % del total a Justicia, y que por tanto, los juzgados seguirán careciendo de los recursos que garantizarían su correcto funcionamiento.
En cuanto al dolido padre, también me parece que ya está bien de sobreactuar, pues aunque participando de su dolor, cabría recordarle que como titular de la patria potestad y garante de su seguridad, es más responsable de lo que le sucedió a su hija que el juez o secretaria que no conocían de su existencia.
