Martín Márquez Navarro, 40 años, alcalde republicano de Cuevas del Almanzora (Almería) fue ejecutado tres meses después de su arresto por los nacionales, el 30 de junio de 1939. Las autoridades franquistas hicieron caso omiso de esta circunstancia sin importancia para abrirle expediente por responsabilidades políticas en 1942, cuando ya hacía tres años que yacía en el cementerio de San José de la capital almeriense con 370 fusilados más. Para pintar su retrato de rojo imposible, pidieron datos al alcalde -ilegítimo, el que le sucedió al dictado de los franquistas tras su muerte-, el responsable de Falange y el cura del pueblo. Éste último firma el testimonio más insultante contra el regidor asesinado: "era una persona en la que se hermanaban excepcionalmente la perversidad, la osadía, el cinismo, las ansias de figurar y de apoderarse de lo ajeno y de obtener notoriedad", relata el documento de la Audiencia de Almería. Eso, y presidente del PSOE local y miembro de UGT.
También en su caso intentaron usar su dinero y sus bienes para amortiguar los gastos del alzamiento, y reclamaron a su viuda, Isabel Peñuela, el dinero de la renta familiar, pese a que en el expediente dejaban claro que criaba sola de sus seis hijos -de entre cinco y 18 años-, que su marido murió insolvente y que sólo contaban con "el producto de su trabajo" como jornalero. El caso de Márquez Navarro es uno de los que, apenas dos años después del proceso y ante el aluvión de denuncias que tuvieron que revisar los jueces, acabaron quedando archivados.
La memoria del alcalde de Cuevas de Almanzora -tío abuelo del ex consejero de Innovación, Martín Soler- sale de nuevo a la luz gracias a la pelea de sus nietas que, tras siete años de lucha, han logrado con el apoyo del comisario para la Memoria Histórica, Juan Gallo, que el Ayuntamiento de Almería (PP) acceda a buscar la fosa en la que debe encontrarse su esqueleto, un caso que ha estudiado hasta la ONU. Los trabajos de exhumación podrían acabar este mismo año.
