Cuando hace tres meses a Saray le enseñaron por fin el piso que le habían adjudicado en 2005, una VPO de EPSA en la Plaza El Begi de La Corza, nunca imaginó que acabaría de okupa en él. Su pareja y ella trabajan pero cuando nació su hijo, de dos meses y medio, los 800 euros del alquiler se hicieron inasumibles y mientras les daban el piso, cuya renta de 270 euros mensuales sí pueden pagar, se fueron a casa de su madre, donde se juntaron "ocho personas en 40 metros cuadrados". Pero un peregrinaje por los bancos acabó con sus ilusiones: nadie les prestaba los más de 10.000 euros de la entrada y sus peticiones a EPSA para poder pagarla a plazos no tuvieron respuesta. "Ví que empezaba a meterse gente y antes de que se metieran otros ocupé yo el piso que me había tocado, a ver si así me dan una solución", dice.
No son los únicos okupas de esta promoción. En otros siete pisos de los cinco bloques de VPO y en una de las 26 casas unifamiliares contiguas se han instalado ilegalmente otras tantas familias. La Consejería de Fomento -cuya titular Elena Cortés (IU) paralizó todos los desahucios de EPSA por impago y defiende que el parque público se ponga a disposición de personas con problemas de este tipo- contactó hace días con ellos (la mayoría lleva un mes) para conocer sus circunstancias y aseguró el jueves estar analizando sus casos para estudiar soluciones pero también "garantizar los derechos" de los legítimos adjudicatarios de los pisos "que se encuentran en la actualidad culminando la tramitación final de sus hipotecas y escrituras".
Antonia, una de las okupas, defiende que los pisos en los que han entrado no tienen adjudicatarios. "Yo pedí uno hace cinco años y este mes de mayo EPSA volvió a sacar varios en segunda adjudicación porque como está la cosa no se habían dado y lo volví a echar. Estoy casada y tengo una hija de siete años y soy la cuidadora de mi padre -con el que vivían-, que sufrió un ictus cerebral y tiene insuficiencia renal. Necesito algo por la zona portengo que atenderle. Me he metido aquí ya de coraje, me he agarrado a un hierro ardiendo, soy del barrio y veía a gente meterse y a mí por tener 44 años ya se piensan darme algo por la hipoteca. Yo sé que he obrado mal pero tampoco he matado a nadie y le diría a Elena Cortés que con la mano en el corazón piense si no haría ella lo mismo, porque mi hija no tiene un hermano porque no tengo sitio".
Fomento emitió el jueves una nota en la que señalaba su "objetivo de evitar situaciones indeseadas de conflictividad vecinal". Rosa es una de las vecinas legales de estos pisos. Aún no se han mudado porque están de obras y reconoce su "incertidumbre" aunque "yo he tenido suerte y a mi lado se ha metido una familia competente" -su vecina es Antonia que también habla muy bien de ellos-. Se debate entre su convicción de que "todo el mundo tiene derecho a una vivienda, que les busquen una solución porque en la calle no se van a quedar" y su deseo de que la situación no se alargue "porque pronto van a tener que enganchar el agua y la luz". Floren, madre de otra de las propietarias, tiene claro que "la culpa es de EPSA porque los pisos se han llevado cuatro años terminados y vacíos y si los hubieran adjudicado entonces la gente los podría pagar pero en cuatro años te pueden pasar muchas cosas".
La mayoría de las okupas son del barrio y tienen niños, entre ellas tres chicas de 20 años -como Elizabeth, que tiene una niña de 22 días prematura y que se instaló a punto de dar a luz- enfrentadas con sus padres a raíz del embarazo y que han visto así una salida, aunque nunca habían pedido una VPO de alquiler o compra. Ninguno se niega a pagar una renta acorde a sus ingresos, que no les dan para un alquiler libre ni una entrada. Son esas situaciones que la consejera de Fomento ha denunciado reiteradamente pero que ahora chocan con una realidad. Ayer sus técnicos se reunieron en la parroquia del barrio con los vecinos legales e ilegales y el mensaje fue claro: los pisos tienen dueños y los okupas deberan irse voluntariamente o por orden judicial.
