La Fiscalía de Sevilla anunció ayer la interposición de una denuncia por presunto delito societario contra el consejero delegado del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, al que acusa de "descapitalizar el club en beneficio propio o de terceros". De ser culpable le podrían caer entre seis meses y cuatro años de cárcel que debería cumplir al contar ya con antecedentes penales.
La Fiscalia de Sevilla, a la que la General del Estado dio traslado de la denuncia realizada por la Asociación Béticos por el Villamarín el pasado mes de noviembre, "infiere que el denunciado, en calidad de Consejero delegado o Administrador de hecho o de derecho del Real Betis Balompié SAD, con abuso de las funciones de su cargo y en beneficio propio o de un tercero, ha contraído obligaciones en perjuicio de la entidad a la que representa", según la denuncia por delito societario del artículo 295 del Código Penal interpuesta en el día de ayer por la fiscal de Sevilla Margarita Viera Díez contra Manuel Ruiz de Lopera, a la que ha tenido acceso este diario.
En la citada denuncia se apuntan como causantes de esa supuesta "descapitalización del club" a los contratos suscritos por el Betis y Encadesa para la explotación de todos sus ingresos y al suscrito entre ambas entidades para la cesión o venta de los derechos urbanísticos derivados del Convenio suscrito el 22 de diciembre de 2003 entre la Gerencia de Urbanismo y el Real Betis.
Entiende la fiscalía que por estos procederes se "ha llegado a producir una descapitalización del Real Betis Balompie SAD a través de la entidad Encaje del Deporte SA (Encadesa) que tiene atribuida la exclusividad de negociar, firmar, gestionar y cobrar todos los ingresos que se produzcan por la actividad del Real Betis". Esta entidad "gestiona sin transparencia los fondos del club deportivo, beneficiándose así de la financiación, ya que el RBB SAD por todas sus actividades surte de dinero líquido a Encadesa", añade la Fiscalía.
La trama rusa. Encadesa -continúa el relato de la fiscal- se constituye el 7 de Junio de 1999 con la denominación de Encajes del Deporte SA, con domicilio social en Sevilla, en la Plaza Antonio Martelo, 7. Constituyen la sociedad Encadesa las compañías de nacionalidad rusa Evropeiski Sport SARL, domiciliada en Moscú (Calle B. Spasskaia) y Sport International L SRL, también domiciliada en Moscú (Avenida Vernadsky), representadas respectivamente por Trouchina Nina Grigorievna y por Kasatkin Alexei Mijailovich, ambas con el 90% del capital. Junto a ellas, constituye también la sociedad Encadesa la llamada Técnicas y Garantías del Deporte, Tegasa, que tiene como accionistas a M.M.F.M., M.T.G.M., Farusa, Rulosa, Frigimueble e Incecosa, que suscriben el 10% restante, aunque posteriormente se produjeron modificaciones en el reparto del capital y según las cuentas de 30 de junio de 2005, las últimas registradas, son M.M.F.M. y M.T.G.M las que controlaban el 96% del capital de Encadesa.
La asociación 'Por Nuestro Betis' -cuyo informe de situación Económica realizado tras la Junta General de Accionistas de diciembre de 2006 también se adjunta en la denuncia-, ya advertía en mayo de 2007 que "es paradójico comprobar cómo una sociedad con un capital de 150.000 euros como Encadesa gestiona los activos del Real Betis, con un patrimonio económico, histórico y sentimental enorme, y en comparación con el suyo, un capital social de 7 millones de euros, 47 veces superior. Pero no es que Encadesa gestione estos activos, sino que además se ha convertido en el máximo acreedor del Real Betis SAD". Este grupo opositor denunciaba igualmente que el último contrato entre el Betis y Encadesa del que se tiene conocimiento "conlleva una contraprestación económica a favor del Betis de unos 14 millones de euros, mientras que Encadesa puede recibir más de 30 por los ingresos que el Real Betis genera; en este contrato se auto reconoce el Real Betis una deuda aún pendiente de 9 millones de euros por la construcción de la parte nueva del estadio con las empresas de Lopera pese a que él mismo reconoce en el juicio por fraude fiscal que las obras fueron realizadas por el Real Betis".
Pena de cárcel. El presunto delito societario del artículo 295 del Código Penal que la Fiscalía imputa al máximo accionista del Betis está penado con cárcel de seis meses a cuatro años y multa del triple del beneficio obtenido.
Lopera ya fue condenado en el año 2005 a dos penas de siete meses y medio de cárcel cada una por dos delitos fiscales, que llevó a cabo para "reducir indebidamente el pago a la Hacienda Pública del impuesto de sociedades", penas que fueron sustituidas por quince meses de multa de 160 euros diarios y multa de más de 311 millones de las antiguas pesetas. Si vuelve a ser condenado se expone a ingresar en prisión por tener antecedentes penales.
