Solo las dos asignaturas que arrastra Yolanda, que cursa segundo de Filología Clásica, le han costado casi 600 euros, por lo que reconoce que ha dejado materias sin coger. "Y tampoco me dan beca por haber suspendido dos", lamenta la joven, natural de Ayamonte (Huelva) y cuya matrícula, como el piso de alquiler, pagan sus padres. A Jesús, en cuarto de Historia del Arte, la matrícula de siete asignaturas le ha costado 1.200 euros -que intentará pagar como otros años con trabajos temporales- porque tiene varias de segunda y tercera matrícula. "Es cierto que tú te tienes que esforzar y estudiar pero hay asignaturas que te cuestan más y no es justo", relata. En su primer día de clase, hay profesores que les han instado a "quejarnos menos por las tasas y más por los planes de estudio porque con Bolonia han concentrado asignaturas anuales en cuatro meses". Beatriz, natural de Zafra y estudiante de tercero de Pedagogía, reconoce que se ha matriculado de todo lo que pensaba porque solo tiene una que cursará por tercera vez pero "lo que están haciendo es privatizar la Universidad. Tengo amigas que han tenido que vender cosas para poder matricularse", dice.
A la espera de que el 8 de octubre termine el periodo de matriculación, las universidades no prevén un descenso de alumnos sino que cada uno se matricule de menos créditos. Según el director de Comunicación de la Hispalense, José Álvarez, el alumnado de primer curso incluso aumentará un 1% pero sí cuentan con que cada estudiante se matricule de menos asignaturas. Pese a ello, no prevé que repercuta en la plantilla docente, de unos 4.500 profesores en la Hispalense para 65.000 estudiantes, salvo las jubilaciones que no podrán ser cubiertas por el límite a la tasa de reposición impuesto por el Gobierno central. En el caso de los asociados, Álvarez asegura que no habrá despidos porque se reubicarán. En la Olavide, con 11.000 alumnos y un centenar de profesores, la vicerrectora de Comunicación, Pilar Rodríguez, reconoció en una entrevista a este periódico que sí han reducido profesores asociados al no poder mantener los grupos reducidos de 20 alumnos para las prácticas aunque los mantendrán sin dar clases ni cobrar para recuperarlos cuando la situación mejore.
Esa mejora depende mucho de que la Junta pague lo que adeuda a las universidades (casi 160 millones a la Hispalense y 18 a la UPO). El consejero de Economía se reunió el viernes con los rectores, una reunión de la que solo salió la creación de un grupo de trabajo pero no un calendario de pago que permita a las instituciones académicas afrontar a su vez sus deudas con los proveedores (50 millones debe la Hispalense y 18 la UPO). La calculadora de los rectores, como la de los alumnos, también echa humo.
