El Gobierno andaluz ha puesto sus cartas sobre la mesa. Combatirá el déficit público (ahorrará 1.583 millones de euros en este Presupuesto) por tres vías: reducir el gasto, congelar la inversión y subir impuestos. La reforma fiscal abre cuatro frentes -se enumeran de más a menos según su impacto en las arcas públicas-: se instaurará el céntimo sanitario, gravando la gasolina (137 millones); se cobrará un nuevo impuesto a los bancos (132 millones); se cobrarán diez céntimos por bolsa de plástico (95 millones) y tributarán más las rentas a partir de 80.000 euros (31 millones).
Los expertos discrepan sobre la eficacia de este plan.
¿Pagan los más ricos o las rentas medias?
José Miguel Amuedo, asesor fiscal y Profesor de la Escuela de Negocios San Telmo, considera que ésta es una propuesta "pobre". El experto en materia fiscal asegura que subir el IRPF a las rentas a partir de 80.000 euros no es una medida que produzca una gran recaudación. "Al final la tributación viene por las rentas medias, ni por las rentas muy bajas ni las muy altas", señala Amuedo. "Es una medida que claramente tiene más una justificación política que un efecto recaudatorio".
Para apuntalar esa idea de que al final pagan las rentas medias, Amuedo repasa una a una todas las medidas. "El céntimo sanitario grava la gasolina que no son precisamente los ricos los que más gastan; los bancos lo van a repercutir en sus clientes, en todos nosotros; las bolsas de plástico, que nadie se crea que los supermercados o las grandes cadenas de distribución no van a incrementar los precios. En cualquier caso, la recaudación viene de las rentas medias, que además a partir de ya van a notar un incremento de dos puntos del IVA y ya han visto incrementarse el coste de la energía con la subida de la luz".
Santiago Carbó, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Granada, se muestra preocupado por la "complejidad" del paquete fiscal aprobado por el Gobierno andaluz. "No es lo más práctico", sostiene. Además se pregunta Carbó por qué la Junta ha hecho el corte en 80.000 euros. "Es un buen sueldo, pero ¿rico?", se pregunta. "La mayoría serán asalariados, que al final son siempre a los que se cobran los impuestos".
El catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla Juan Torres considera que tan "demagógico" es presentar la reforma fiscal diciendo que sólo afectará a las rentas altas, cuando los impuestos indirectos los "pagan todos", como asegurar que se "cebará" con las clases medias, cuando las nuevas tasas tienen un origen medioambiental. Con todo, insiste en que la recaudación será "insuficiente": Es "pecata minuta, el chocolate del loro".
¿Se cumple eso de que la banca siempre gana?
Sobre el impuesto a los depósitos de las entidades bancarias -afectará a 70 bancos-, Carbó señala que puede dar lugar a "distorsiones" y que al final, el problema más grave es que "no hay crédito" y esta medida puede encarecerlo aún más. "Tenemos que acostumbrarnos a que tiene que haber una tasa bancaria de algún tipo, sobre todo enfocada a los fondos de rescate, pero en este caso el impuesto andaluz o el extremeño terminan teniendo la desventaja de que pueden trasladarse a los clientes, aunque también éstos pueden decidir cambiar a otro banco".
Llegando más lejos el catedrático de la Universidad de Sevilla se muestra partidario de que España y Europa se coordinen para gravar de verdad a los bancos y al capital porque tienen "beneficios inmorales" y están "usando el dinero público para sanear sus cuentas". El impuesto a los bancos es, a su juicio, un "canto de sirena" porque "no se les puede imponer que utilicen el dinero para lo que no quieren", avisa Torres.
El Gobierno andaluz ha explicado que se aplicarán deducciones en este impuesto a las entidades que participen en inversiones estratégicas para la comunidad y que el objetivo es que fluya el crédito.
¿Habrá fuga de dinero andaluz a otras regiones?
En este punto coinciden los expertos con unanimidad. A ninguno le gusta el nuevo mapa de España asimétrico en materia fiscal. El experto José Miguel Amuedo advierte de que es "preocupante" que se abran desigualdades entre las comunidades. "Ya ocurrió cuando Madrid suprimió el impuesto de Sucesiones, que muchas grandes fortunas catalanas cambiaron su empadronamiento", ilustra.
"Es preocupante la dispersión en la tributación en los diferentes territorios", apunta el profesor de la Escuela de Negocios San Telmo. "Puede abrirse una competitividad fiscal entre las comunidades que no creo que sea saludable", advierte. "Y ¿quién define lo que es ser rico?: por qué tributarán más las rentas a partir de 120.000 euros en Cataluña, 100.000 en Baleares; 80.000 en Andalucía y 60.000 en Extremadura".
En la misma línea, Carbó advierte de que las decisiones que han adoptado Andalucía o Extremadura deberían de haberse producido "coherentemente dentro de un marco nacional, donde todas las comunidades hubieran tenido las mismas directrices. El modelo actual puede dar lugar a diferentes sinfonías en el proceso de reestructuración y eso es grave". El catedrático de la Universidad de Granada asegura que es bueno adelantarse en las decisiones políticas, aunque en este caso hubiera sido mejor guardar "la coherencia" dentro del país. Estas "divergencias", advierte Carbó, pueden dar lugar a "movimientos graves". "Se puede estimular que una empresa se mueva a otra comunidad".
Que cada autonomía imponga unos impuestos puede provocar "huidas" de empresas y de entidades, redunda Torres. "El capital se movilizará de un sitio a otro", concluye el catedrático de Economía Aplicada.
¿La Junta se aprieta el cinturón lo suficiente?
Los expertos discrepan. Coinciden Amuedo y Carbó. Torres avisa contra la demonización del gasto público.
El primero, especialista en fiscalidad, tiene claro que "la solución para el déficit no puede venir por la vía de los ingresos. La administración recaudará más si la actual economía se recupera. El esfuerzo debe realizarse en los gastos no productivos, en las empresas públicas, los coches oficiales", apunta. La Junta reestructurará su sector público y eliminará 110 entes (contabiliza 255), con lo que amortizará 180 puestos directivos. Además elevará un 10% el ahorro de gastos operativos (publicidad, protocolo, dietas o teléfonos), hasta 45 millones más sobre los 134 previstos. Eliminará 160 coches oficiales.
Amuedo lo ve insuficiente. "Andalucía tiene un doble problema: los parados y los quietos, y no hablo de los funcionarios, que además tienen una remuneración salarial que para nada es demasiado alta. Me refiero a que existen, por la red de empresas públicas, administraciones paralelas", avisa.
"Subir impuestos es un acto difícil y responsable, está bien. Aunque desde mi punto de vista antes de empezar con los ingresos, deberían haberse producido más ajustes en materia de gasto. Se debería haber planteado un esfuerzo mayor por un sistema público andaluz más eficiente, con menor carga de estructura", opina Carbó.
La Junta también ha frenado 846 millones en obra pública. Ojo por lo que se entiende con gasto público, avisa en este punto Torres, quien comparte con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz el aviso de que la "austeridad nos lleva al desastre". Hay inversiones públicas de alto rendimiento.
