El Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla ha absuelto a la ex alcaldesa de Aguadulce (Sevilla) Isabel Ortiz Fernández (PSOE), para quien la Fiscalía reclamaba nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación al conceder una licencia contraria a derecho, todo ello al considerar que la resolución "no obedeció al capricho, la complacencia, el empecinamiento o la desviación de poder, sino al cumplimiento de un fin público reconocido por el ordenamiento".
Según relata la sentencia, consultada por Europa Press, el 26 de mayo de 2005 C.R.R.F. solicitó al Ayuntamiento el cambio de titularidad en la licencia de apertura de un establecimiento destinado a la actividad de café-bar, toda vez que había adquirido el referido local para su explotación, y explica que este local funcionaba con licencia de apertura de 11 de septiembre de 2000 otorgada a favor de J.S.R..
En este sentido, añade que, ante dicha solicitud y según las indicaciones realizadas por el arquitecto municipal, por escrito de la Alcaldía se requirió a la solicitante la necesidad de aportar el certificado técnico acreditativo del cumplimiento de la normativa vigente y de los requisitos establecidos en la Ley, todo ello con el objetivo de comprobar la adecuación del establecimiento a la legislación vigente en ese momento.
Así, indica que, en ese momento, no se aportó el certificado exigido, por lo que desde el Consistorio se comprometió por escrito al cumplimiento de las prescripciones establecidas mediante la aportación del proyecto medioambiental requerido en el plazo de un año. En esa misma fecha, la entonces alcaldesa concedió licencia municipal de apertura a favor de la solicitante, "sin que consten que se hayan cumplido los requisitos exigidos por la normativa".
No obstante, el Juzgado de lo Penal número 2 considera que los escritos de acusación "adolecen de un vicio de origen en la comprensión del tipo de injusto del delito de prevaricación administrativa, confusión no por extendida menos peligrosa", añadiendo que la acusada, "que expresamente reconoce que era consciente de que, efectivamente, la solicitante no había cumplido el requisito de aportar los informes técnicos necesarios, manifiesta que al conceder la licencia lo hizo condicionada a que en el plazo de un año se cumplieran los mismos".
De igual modo, señala que la acusada "alega que se trataba de una empresaria joven a la que pensó que tenía de alguna manera que ayudar, y al tratarse de un pueblo pequeño pensó que era justo que se favoreciera la juventud, y que lo hizo debido al interés y a la insistencia que esta persona había demostrado a lo largo de los dos años desde su primera solicitud", y argumenta que "no queda acreditado" que la concesión de la licencia "ocasionara perjuicio a los intereses públicos ni de terceros, haciéndose de buena fe".
SITUACION "INJUSTA Y DELIRANTE"
Por todo ello, absuelve a la acusada, pues entiende que la resolución, "tan ilegal como se quiera, no fue arbitraria, porque no obedeció al capricho, la complacencia, el empecinamiento o la desviación de poder, sino al cumplimiento de un fin público reconocido por el ordenamiento", añadiendo que, "no solo no fue arbitraria la decisión, sino que tampoco fue injusta, puesto que no produjo ningún menoscabo a la integridad de la Administración".
En este sentido, el PSOE de Aguadulce valoró en una nota de prensa que la sentencia "pone término a una situación injusta y delirante creada por la obcecación y la obsesión de un alcalde, Joaquín Benítez (IU), más preocupado por perseguir judicialmente y tratar de hundir a quienes piensan de forma distinta y al que los intereses del pueblo de Aguadulce parecen importarle bien poco", indicando que el fallo "debe hacer reflexionar y confirmar a la ciudadanía que, en política, no todo vale y que el PSOE seguirá ofreciendo al pueblo de Aguadulce una alternativa creíble, seria y responsable".
