Un jurado popular ha declarado este martes inocente al guardia civil del destacamento de Tráfico de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) acusado de quedarse con 1.218 euros procedentes de 13 multas formuladas a ciudadanos extranjeros entre marzo y mayo del año 2010, hechos por los que la Fiscalía le pedía inicialmente tres años de cárcel, la suspensión de empleo o cargo público durante otros tres años, y una multa de 1.200 euros.
En un veredicto hecho público en la mañana de este martes, un jurado popular compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres ha declarado, por mayoría de siete votos a dos, no culpable de un delito continuado de malversación de caudales públicos al imputado, J.M.M., de 59 años de edad, por considerar que "en ningún momento ha quedado acreditado que se quedase con el dinero cobrado en carretera".
El jurado ha considerado probado que el agente cobró 1.218 euros en 13 multas impuestas a ciudadanos extranjeros, aunque "sin que quede acreditado si entregó o no dicha suma" en el destacamento de Tráfico donde estaba destinado, dinero que se entregaba en el cuartel en base "a un sistema de confianza entre los propios guardias civiles" y sin que existiera "ningún control" de dicha entrega.
NO SE HA PROBADO QUE TUVIERA "ANIMO DE BENEFICIARSE ECONOMICAMENTE"
De este modo, el jurado ha considerado no probado que el acusado, "con ánimo de beneficiarse económicamente" , se quedase con el dinero de estas 13 multas, ascendente a 1.218 euros, tras lo que el magistrado presidente, Angel Márquez, ha adelantado que, en base a este veredicto, dictará una sentencia absolutoria.
En su declaración durante el juicio, según informaron a Europa Press fuentes del caso, el agente imputado reconoció que cobró el dinero de estas 13 multas pero defendió que dicho dinero lo entregó siempre en el cuartel junto al original y la copia de la denuncia. "El dinero está todo entregado", puso de manifiesto en reiteradas ocasiones a preguntas de la fiscal.
Así, relató que, una vez cobrado el dinero de las multas, lo llevaba al cuartel, donde si no había nadie "lo metía en un buzón" junto a la denuncia, mientras que cuando se encontraba presente el guardia-puerta se lo entregaba a él directamente, punto en el que la fiscal le llamó la atención sobre el hecho de que ninguna de las denuncias investigadas tuviera la verificación del personal de la oficina ni el visto bueno del responsable de la Unidad, como es preceptivo según la normativa.
"En 18 años que llevo en el Destacamento de Tráfico nunca me han firmado una multa", indicó el imputado.
"LLEVO 41 AÑOS EN LA GUARDIA CIVIL Y NO HE TENIDO NINGUN PROBLEMA"
"A partir de que se entrega la denuncia junto con el dinero, nuestra misión termina y ya perdemos el control de lo que ocurre, y si existe alguna incidencia me tienen que avisar en uno o dos días, no al año", aseveró el acusado, quien señaló que esta es la forma de actuar de la mayoría de los guardias civiles, aunque insistió en que no se acuerda de a quién entregó el dinero de las multas. "Yo sé que entregué el dinero, llevo 41 años en la Guardia Civil y no he tenido ningún problema", afirmó.
Tras señalar que su relación con el guardia-puerta era "buena" hasta que se denunciaron estos hechos, el imputado quiso dejar claro que, una vez entregaba el dinero a éste, "no me daba recibo" alguno con el que poder demostrar la entrega del dinero.
La fiscal le cuestionó por cada una de las multas que interpuso, haciendo especial hincapié en que en la denuncia interpuesta a un ciudadano austriaco --que fue quien "destapó" el caso-- no consta el domicilio de éste y únicamente la palabra 'Austria', a lo que el acusado respondió que "sería un fallo" de la máquina con la que registran las multas.
