La Audiencia Nacional se ha visto obligada a absolver a 10 de los 14 procesados en la Operación Tigris que ayudaron a huir a presuntos terroristas del 11-M, por irregularidades en la intervención de correos electrónicos. Esta red, que fue desarticulada en 2005, fue acusada también de enviar muyahidines a Irak.
En la sentencia notificada ayer, la sección segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal condena a Kamal Ahbar y a Samir Tahtah a 9 años de prisión por integración en organización terrorista, a Mohamed El Idrissi a 5 años de cárcel por colaboración y a Hamed Hamu a dos años por falsificación. De los 14 procesados, 12 se encontraban en prisión, de los que nueve fueron puestos en libertad el pasado 24 de marzo por el tribunal ante el estado de las deliberaciones de la sentencia tras haberles juzgado entre el 23 de febrero y el 13 de marzo. La sentencia considera probado que los miembros de esta célula, liderada por Ahbar y Tahtah, participaron en el envío de muyahidines a Irak, entre ellos alguno de los presuntos autores del 11-M, que tras huir de España lograron perpetrar atentados suicidas en dicho país árabe.
En concreto asegura que la red propició la salida de España de Mohamed Alfalah, Mohamed Belhadj, Daoud Ouhanne, Said Berraj, Otman el Mouhib y Abdellilah Hriz, este último condenado en Marruecos a 20 años por su implicación en el 11-M.
Sin embargo se ha visto obligada a absolver a la mayor parte de los procesados por "injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones", ya que no consta que el Juzgado de Instrucción "haya emitido ningún acto motivado en el que se haya hecho una mínima ponderación de los derechos fundamentales en juego".
La instrucción de esta causa correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Baltasar Garzón, aunque cuando se puso en marcha la operación Tigris éste se encontraba en Estados Unidos con un permiso por estudios, por lo que entonces estaba al frente el juez Fernando Grande-Marlaska. Según explica el tribunal -compuesto por los magistrados Enrique López (ex portavoz del CGPJ), Fernando García Nicolás y José Ricardo de Prada- "existe una cadena de confusas resoluciones que posiblemente sean el origen del problema, pero lo cierto es que el juez no ha dictado ningún auto que diera cobertura a dichas observaciones tal y como exige el artículo 18.3 de la Constitución".
La Sala duda incluso de la veracidad del informe policial porque sostiene que "cabe incluso razonablemente desconfiar sobre si el volcado que consta en el informe se corresponde verdaderamente con el CD Rom recibido en el Juzgado". También reprocha a la fiscal Dolores Delgado, que pedía penas de entre 4 y 14 años, no haber "aportado pruebas relevantes" sino "meras afirmaciones" apoyadas únicamente en la información policial.
Mientras, la Fiscalía manifestó ayer su disconformidad con la sentencia, que adelantaron un presumible recurso ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía critica duramente al ponente de la sentencia, Enrique López, por "hacer méritos" para ser magistrado del Constitucional tras "12 años fuera de la jurisdicción".
