Los 23 acusados por el asalto al Rectorado en febrero de 2002 han sido absueltos por el Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla al considerar que "no existe prueba de cargo incriminatorio suficiente". La sentencia recoge que los hechos sucedieron cuando un grupo de personas se reunieron para concentrarse en el patio del edifico con la finalidad de hacer llegar al rector un comunicado contra la Ley Orgánica de Universidades.
Cuando algunos vigilantes se dispusieron a cerrar las cancelas de acceso, un grupo de 40 o 50 personas entró en el Rectorado portando "palanquetas y barras de hierro" y se apoderó de las de los extintores allí colocados. Los asaltantes destrozaron una puerta de doble hoja y de acceso al Paraninfo y "vaciaron los extintores" contra los guardias. Una vez que el grupo entró en el Rectorado causaron "desperfectos en todo el mobiliario que encontraban a su paso" y se introdujeron en el despacho del rector, donde "realizaron pintadas en la moqueta y pared".
Durante el juicio oral, los acusados negaron su participación en los hechos y aseguraron que no tenían intención ni de alterar el orden público ni de hacer daño. La Fiscalía consideró los hechos constitutivos de un delito de desórdenes públicos así como el pago de una multa de 480 euros por un delito de daños, y el abono de 360 euros por tres faltas de lesiones. Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, solicitó el pago solidario de una indemnización de 37.494,34 euros por los daños causados en la Universidad, entre ellos la rotura de varias puertas del siglo XVIII.
El magistrado decidió absolver a los 23 acusados "al no contar con elementos de juicio suficientes que acrediten la participación de los mismos en tales hechos delictivos", a pesar de constatar que los incidentes denunciados si llegaron a producirse.
RECLAMACIONES. Los afectados anunciaron ayer que estudiarán exigir "responsabilidades patrimoniales" a la Hispalense por esta absolución. Sus abogados indicaron que será en septiembre cuando analicen la posibilidad de exigir estas indemnizaciones por los "daños" causados desde que fueron expulsados de la Universidad. Es el caso de un par de estos estudiantes que, estando en quinto de licenciatura, "tuvieron que dejar sus estudios y ahora tienen que hacer dos años más".