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Acaban las ayudas en pleno 'shock' económico

La comunidad, que desde 1986 ha recibido 41.000 millones en políticas de cohesión, deja de ser Objetivo 1 en 2014.

el 25 ene 2011 / 21:21 h.

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Las estrellas amarillas sobre fondo azul que simbolizan la Unión Europea forman parte desde hace años del paisaje andaluz. Es fácil adivinar este símbolo en la mayoría de los carteles que proliferan por las calles andaluzas y que testimonian que, desde 1986, en casi todas las infraestructuras y en la mayor parte de los proyectos de formación o desarrollo rural de los pueblos había euros del que se ha venido en llamar el maná europeo. Según los datos oficiales de la Junta, desde su integración en la UE, hace 26 años, Andalucía ha recibido 80.000 millones de euros. Casi 41.000 millones se han destinado a políticas de cohesión. El resto (39.000) a la Política Agraria Común (PAC).

 

La importancia de esta inyección económica se revela en el peso que han supuesto estas ayudas en el PIB regional, alcanzando una media anual del 3,6%, según los datos que maneja el Gobierno. Hay estudios, como el publicado por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en sus Papeles de Economía, y elaborado por los profesores de la Universidad Pablo de Olavide Alejandro Cardenete, Carmen Lima y Carlos Usabiaga, que analizan directamente el impacto de estas ayudas europeas en el desarrollo económico andaluz de las dos últimas décadas. Según esta proyección, el peso de los fondos europeos fue determinante. Sin su aportación, el Producto Interior Bruto (PIB) anual de Andalucía se habría reducido un 5,7% y el desempleo habría sido casi siete puntos mayor.

No es por tanto extraño que exista preocupación por lo que ocurrirá en el próximo marco comunitario. Andalucía, que desde 1987 era una zona de atención preferente dentro de la UE, dejará de ser considerada como región Objetivo 1 y dejará de recibir fondos de convergencia. Ocurrirá así porque su renta per cápita está ya por encima del 75% de la media europea.

En realidad, en la última perspectiva financiera (2007-2013), donde se produjo un efecto estadístico y una revisión a la baja de los parámetros por la entrada de los Países del Este en la UE, la comunidad -según ha mantenido siempre su Gobierno- había sobrepasado ya ese límite de renta. Lo alcanzó justo antes de 2006. Sin embargo logró estar encuadrada en el grupo de regiones que atraen la mayoría de fondos, junto a Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura. A partir de 2014 solo ésta mantendrá la etiqueta de región de convergencia. Para el resto, la UE estudia fórmulas transitorias. El comisario responsable de Política Reginal, Johannes Hahn, advirtió el pasado noviembre que la apuesta de la UE pasa por establecer una categoría intermedia entre las regiones desarrolladas y las más pobres que permita a las que dejen de ser Objetivo 1 seguir percibiendo fondos.

Aún es demasiado pronto para saber de cuánto dinero se está hablando. Quedan por delante las negociaciones presupuestarias de los Estados miembros en un momento de complicada crisis económica y cuando ya países como Reino Unido o Alemania han dejado clara su voluntad de recortar las políticas de solidaridad, que concentran en la actualidad el 35% el presupuesto comunitario. El Gobierno andaluz propone además que los fondos que se destinen a esta nueva categoría se completen con otras ayudas transitorias que permitan un fin gradual de estos fondos.

Europa aportó casi el 15% de la inversión pública en Andalucía, porcentaje que se eleva al 30% en las infraestructuras ferroviarias y al 21% en las carreteras. Cuando el maná europeo cese, en un momento de crisis y cuando existen serias restricciones presupuestarias para las administraciones públicas, deberá ser el tejido empresarial privado el que asuma el liderazgo económico.

El Gobierno andaluz presume de que en estos años ha hecho una muy buena gestión de los fondos europeos. Según los datos oficiales las ayudas se han ejecutado al cien por cien e incluso en los dos últimos marcos, dice la Junta, se han obtenido 1.229 millones de euros de recursos adicionales gracias al buen proceder de la administración autonómica respecto a estas ayudas. Lo que sí admite algunas discrepancias es si estos fondos estructurales han servido de verdad para recortar distancias o hay puntos negros. La convergencia ha existido, eso es indudable. El PIB andaluz ha registrado desde 1986 un crecimiento real acumulado del 118,6%, muy por encima de la media de la UE (61,7%) y del incremento medio de España (101,7%). Andalucía ha crecido en población, empleo (pese a que ahora mismo tiene una de las tasas más altas de paro de Europa) y en otros indicadores como inversión en I+D o creación de empresas. Todo apunta a que ha existido un proceso de convergencia y acercamiento a los niveles medios de riqueza europeos. Pero hay expertos que constatan que la gestión ha sido sobresaliente por ejemplo en las infraestructuras, pero que se podría haber hecho más y mejor en algunos puntos, por ejemplo en los fondos de formación o en los destinados al desarrollo rural.

Así figura en el informe de Funcas elaborado por los profesores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
En este momento la Comisión Europea ha elaborado el V Informe sobre Cohesión Económica, Social y Territorial que recoge las líneas fundamentales de por dónde irá el futuro de los fondos. El documento se presentó el pasado noviembre y estará expuesto a consulta pública hasta el 31 de enero.

Entre los nuevos requisitos que se insinúan para optar a las futuras ayudas figura que la obtención de resultados condicionará mucho más el acceso a los recursos. La evaluación será mucho más estricta. El Ejecutivo comunitario también ha propuesto suspender o reducir las ayudas regionales a los países con excesivo déficit, a lo que se opone frontalmente el Gobierno español. Tampoco habrá incentivos si no se cumplen los requisitos medioambientales. Quedan dos años decisivos para conocer qué le tocará a Andalucía.

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