Adjudicatarios de VPO en Tomares reclaman su dinero

Los pisos están parados y la constructora admite que les debe 1,2 millones.

Los 72 adjudicatarios de las VPO del edifico Airén de Tomares, que forma parte de la promoción Residencial Aldana, exigen a la constructora de los pisos que les devuelva el dinero que entregaron por sus viviendas y que asciende a 1.232.88,5 euros por las cantidades que entregaron estos vecinos al Grupo Ferro SL, según denunció ayer uno de los afectados Adrián Maesso.

Según explicó, la empresa "incluso ha admitido en un correo electrónico esta deuda y para saldarla nos propone la cesión de un solar lleno de jaramagos, algo que nosotros rechazamos, porque lo que queremos es que se nos devuelva el dinero. Lo que nos ofrece es un disparate", remarcó.

Estas 72 VPO forman parte de un proyecto de 400 pisos conocido como Residencia Aldana, compuesta por cuatro bloques, de los cuales tres ya están terminados.

Maesso recordó que el Ayuntamiento de Tomares cedió los terrenos para levantar esta promoción, cuyos pisos se sortearon en 2009 y cuya fecha de entrega estaba previstas para el tercer trimestre de 2011, "pero de los cuatro bloques ya están concluidos tres y sólo queda pendiente el nuestro, por lo que reclamamos que se nos devuelva el dinero que entregamos, puesto que muchos ya no estamos interesados por el piso que se nos adjudicó".

Al tratarse de pisos protegidos, este ciudadano se quejó de que la Junta de Andalucía no ha hecho nada: "No ha cumplido su papel fiscalizador y de control para garantizar que el Grupo Ferro concediese a sus clientes avales individuales de las cantidades aportadas, como es obligatorio conforme a Derecho". Ahora, según Maesso, la promotora ha dado de baja a la compañía aseguradora para dejar sin efecto los avales, "que justifica sus impagos alegando que tiene problemas de financiación".

Este vecino también criticó al Ayuntamiento de Tomares y a su alcalde, José Luis Sanz (PP), "porque sus acciones son insuficientes y poco contundentes". Según Maesso, el regidor, para eludir sus responsabilidades, se ha limitado a decir que el terreno donde se deberían construir los pisos es una propiedad privada, "y no nos da más alternativa". Ante esta situación, estos ciudadanos se están planteando movilizarse ante la sede del Grupo Ferro en Sevilla.

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