Los juzgados de Sevilla han admitido a trámite dos recursos contencioso-administrativos interpuestos por Ecologistas en Acción por la autorización de las obras, instalaciones y actividades de operación del sistema de drenaje-reinyección en los términos municipales sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras con motivo del Plan Global de Minas Las Cruces, así como por la declaración de "no sustanciales" de las modificaciones en el proyecto que fue sometido a Evaluación del Impacto Ambiental.
Fuentes del caso explicaron a Europa Press que en el primer caso se pone en cuestión la autorización otorgada por la Agencia Andaluza del Agua. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), órgano ante el cual se interpuso el recurso, lo ha remitido a un juzgado contencioso al haber pasado las competencias a este organismo desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
En cuanto al segundo recurso, Ecologistas en Acción se muestra en contra de la declaración de no sustanciales de las modificaciones promovidas por Mina Las Cruces, emitida por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Sevilla, y en la cual los ecologistas critican que se han usado hasta cinco normativas ya derogadas.
Según ya se explicó, en un principio la formación limitará a la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyos plazos son más restrictivos, sus acciones legales, aunque dependiendo de cómo evolucione el conflicto no descartan iniciar acciones penales.
INFORME DEL DEFENSOR
En la resolución de un informe de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz respecto a este tema, a la que tuvo acceso Europa Press, se recuerdan los "presuntos incumplimientos del ordenamiento jurídico" cometidos por la concesionaria y señala que la teórica autorización de vertido al dominio público hidráulico del acuífero Niebla-Posadas planteada por Ecologistas en Acción debería llevarse a cabo, pues en el concepto recogido en la ley "en ningún momento se hace referencia a la necesidad de que las aguas objeto del mismo sean calificables como residuales, como concluye la Agencia Andaluza del Agua".
Es más, "aún en el supuesto de que no se comparta esta opinión, lo que no entendemos como justificado es interpretar, como parece hacer el organismo de cuenca, que como las aguas contaminadas son sometidas a un proceso de depuración previo al momento de la reinyección, las mismas pasan a tener unas condiciones de calidad que garantizan la compatibilidad con el dominio público hidráulico, por lo que ya no existe tal vertido", pues dichos sistemas de depuración serían los mismos que habrían sido requeridos por la Junta para conceder la correspondiente autorización de vertido, según la Oficina.
Resulta, para el Defensor del Pueblo Andaluz, "obvio" que se cumple la premisa de que para considerarse vertido las aguas objeto del mismo deben provenir de una actividad humana que les haya incorporado elementos físico-químicos ajenos.
Así, se recomendó a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Sevilla que se requiera el correspondiente trámite de prevención ambiental, y a la Agencia Andaluza del Agua que se revise de oficio la autorización y que se requiera a Cobre Las Cruces a obtener autorización de vertido para implementar el sistema.
