El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso presentado por el sindicato CSIF-A contra la reordenación del sector público andaluz aprobada por la Junta, que implica suprimir 111 empresas públicas y recortar la asignación presupuestaria para el capítulo de personal de éstas. Según indicó a Europa Press la responsable del área de administración autonómica de CSIF-A, Alicia Martos, este recurso "se interpuso velozmente y ha sido admitido a trámite con la celeridad que da el corto plazo, toda vez que lo presentamos ante el TSJA por la vía especial de protección de derechos fundamentales". Esta misma semana, otros dos sindicatos -UGT y USO- también han recurrido al TSJA para pedir la nulidad de la norma.
Martos recordó que en dicho recurso se pedía la nulidad del acuerdo de Consejo de Gobierno donde se impulsó y se aprobó el decreto ley de reordenación y a la vez el sindicato pidió, como medida cautelar, la suspensión de dicho acto. Martos explicó que el TSJA "ha abierto lo que llama una pieza separada para analizar las medidas cautelares solicitadas y si suspende o no el acto administrativo", y agregó que todo ese proceso se ha notificado y se ha dado traslado a la Junta para que "pueda recurrir".
Explicó que el Alto Tribunal andaluz "le da a la Junta cinco días improrrogables para que de forma urgente remita el expediente administrativo a la sala". La portavoz sindical consideró que CSIF-A "ha argumentado suficientemente por qué se debe suspender este acto administrativo del Consejo de Gobierno", toda vez que, a su juicio, "se producirán con este decreto ley graves daños de difícil reparación para los trabajadores". Martos, que destacó que "el tribunal ha visto indicios de conculcación de varios artículos de la Constitución y de derechos fundamentales", consideró este decreto ley "un atropello para los derechos fundamentales de los empleados públicos".
constitucionalidad. Entre los artículos de la Constitución que, a juicio de CSIF-A, se quebrantan, se encuentra el artículo 37 "por falta de negociación en una norma que afecta a las condiciones de personal y que debería haber sido previamente negociado con las organizaciones sindicales", un aspecto que también "supone vulnerar el Estatuto Básico del Empleado Público". Fuentes sindicales añadieron que también se vulnera el artículo 14, por el que "todos los ciudadanos somos iguales ante la ley", y el artículo 23 de la Carta Magna, que alude al "acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad", algo que se vulnera "porque quieren meter y darle los mismos derechos que tienen los empleados públicos a los trabajadores de empresas públicas que no entraron en base a un proceso de selección con esos requisitos".
UGT también cree que la norma debe anularse porque "invalida la negociación colectiva y el acceso a la función pública", además de crear situaciones de "discriminación" entre los trabajadores. USO, por su parte, presentó una demanda contra el decreto que reduce las retribuciones del profesorado de la concertada en la misma línea que la rebaja salarial de la enseñanza pública.
