El secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Antonio Carrillo, aseguró ayer ante la jueza que investiga la presunta estafa en la construcción inacabada de la promoción de 583 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Sevilla Este, que cometiera cualquier irregularidad en la ejecución de las obras, que están sin finalizar. «No entiendo por qué no se terminaron», señaló a este respecto, responsabilizando a la Gerencia de Urbanismo, a la gestión de las hipotecas con Caja Madrid y al concurso de acreedores de la constructora Dolmen de estos retrasos. Además, ha dicho que desconocía que la fundación de la CEA que promovió las obras tuviera falta de liquidez, pese a que pertenecía al patronato de la misma. Carrillo, que ha comparecido como imputado, llegó a primera hora a los juzgados del Prado, donde le esperaba un grupo de adjudicatarios de estas viviendas, quienes en algunos casos han entregado hasta 20.000 euros por un inmueble que no tienen. Ataviados con camisetas amarillas comenzaron a insultarle a su llegada y llegaron incluso a zarandearle, hasta el punto de que si no llega a intervenir la Guardia Civil le podrían haber golpeado. En su declaración, según afirmaron fuentes del caso, alegó que aunque desde 2009 pertenecía al patronato de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, que fue la encargada de promover la obra, sólo era convocado «a dos reuniones anuales, de las que una de ellas era para la presentación de la memoria y la aprobación de las cuentas». Sin embargo, dijo que en estas reuniones nunca se tratara sobre la evolución de las obras. De hecho, mantuvo ante la juez de Instrucción número 3, Patricia Fernández, que hasta el 13 de noviembre de 2012 no fue nombrado presidente de la fundación y que hasta entonces desconocía que hubiera problema de liquidez. El secretario de la CEA, que fue la mano derecha del expresidente y también imputado Santiago Herrero, incidió en que desconocía los problemas que había en los trabajos, y ha achacado el retraso a «las obras de urbanización por parte de la Gerencia de Urbanismo y a la gestión de las hipotecas por parte de Caja Madrid», que era la que las financiaba la promoción. También hizo alusión al concurso de acreedores de la constructora Dolmen, empresa con la que aseguró que él no firmó nada, sino que lo hizo con la empresa Nazarí. En este sentido, no contestó a las preguntas de la acusación particular sobre si «era la misma entidad». Es más, no contestó a ninguna pregunta salvo a las de la jueza y las del abogado del exvicepresidente de la CEA Juan Salas Tornero, también imputado en el caso. El fiscal no acudió a la declaración. Además, insistió en que hasta que se hizo cargo de Caja Madrid la Sareb, el conocido como banco malo, estuvo intentando buscar una solución a las viviendas. Asimismo, insistió en que no le consta en que el coste de la obra se presupuestara por debajo del precio real y en culpar a la constructora Dolmen, ya que ésta fue la que subcontrató a varias empresas, pese a que no tenía liquidez para pagarles. Santiago Herrero, también estaba ayer citado, pero no acudió a declarar porque alegó que tenía una cita médica. De momento, la jueza no ha puesto nueva fecha.