El Ayuntamiento de Camas y los afectados por el concurso de acreedores de Sodecsa, empresa municipal que promovió cerca de un centenar de viviendas de VPO, han iniciado una guerra abierta a través del buzoneo. Consistorio y afectados por la insolvencia de Sodecsa se contradicen en los motivos por los que a día de hoy estos vecinos de Camas, que adquirieron pisos en el residencial Astarté, no tienen acceso al dinero que invirtieron en dichas viviendas.
A principios de abril, la empresa municipal realizaba una campaña de buzoneo en la localidad explicando los motivos que había llevado a la Sociedad de Desarrollo de Camas (Sodecsa) a presentar concurso de acreedores. Un paso que, según el Ayuntamiento, se debe a la «no venta de las viviendas». En 2006 se proyectaron 87 viviendas de VPO, de las cuales «se había vendido el 80% mediante la firma de contratos de compraventa», recoge el escrito antes mencionado. Sin embargo, entre 2012 y 2013, el 60% de los compradores renunciaron a los pisos. Según el escrito de Sodecsa, la devolución de estos pisos se fundamentó en motivos como la compra de viviendas privadas con equipamientos deportivos y de ocio por su bajada de precio debida a la crisis, así como por no obtener el apoyo financiero del BBVA para hacer frente a las hipotecas.
Motivos que los afectados aseguran no son ciertos. Como respuesta a la sociedad, enviaron una misiva explicando que la principal razón era la subida del IVA del 4% al 10%, lo que incrementaba el precio entre 7.000 y 11.000 euros. Cuando se inició la venta de las viviendas del residencial Asterté, los inmuebles estaban valorados en 150.000 euros. Asimismo, los afectados apuntan que muchos de los compradores no tuvieron acceso a sufragar la hipoteca a través de un préstamo y que muchos de ellos tuvieron que renunciar por motivos personales, como la pérdida de empleo, según uno de los portavoces del grupo David Gómez.
Sodecsa, que pertenece en un 99% al Ayuntamiento de Camas y en 1% a la Diputación, se reafirma en su situación de insolvencia y recoge en su escrito que «sin ingresos los de las viviendas a las que renunciaron los compradores iniciales no puede hacer frente al pago de acreedores». Asimismo, la sociedad de desarrollo, de la que Recio es presidente, sostiene que en el intento de darle salida a las viviendas, las condiciones propuestas por el BBVA eran «inasumibles».
Hasta el momento Sodecsa debe 796.000 euros, más intereses, a las 40 familias afectadas por la insolvencia de la empresa. Pero los argumentos de la sociedad no le sirven y aseguran en su escrito que cumplieron «íntegramente los contratos firmados, con derecho a rechazar la vivienda en cualquier momento, siendo penalizados con el 20% de los contratos de las cantidades entregadas». Un derecho que venía recogida en una de las claúsulas de los contratos, por lo que Sodecsa les debería devolver el 80% de lo abonado.
Las familias afectadas critican que el Ayuntamiento utilizara Sodecsa para promocionar la feria de la tapa de la localidad que tuvo lugar a principios de abril, «estando la sociedad en banca rota y en concurso de acreedores», sostiene Gómez. Además, aseguran que el Consistorio «engañó a los ciudadanos con sus panfletos, para los que utilizó personal municipal», según el portavoz de la plataforma. De hecho, los afectados apuntan al Ayuntamiento como el deudor de su dinero, al ser este el principal responsable de la sociedad.
