Ocurrió el miércoles 24 de agosto. Hacia las seis y media de la tarde, Jesús María Platero, de 60 años, y su pareja, Ana María Fernández, de 68 años, estaban sentados junto a la puerta del local donde viven desde mayo de 2010, un bajo en la calle Primavera, en el barrio de la Macarena. Una vecina los acababa de dejar para llevar a su perro a casa. Cuatro personas salieron entonces de la iglesia evangelista contigua a la que pertenece el local. Dos de ellos eran el matrimonio que la regenta y los caseros, por tanto, de la pareja. Y los agredieron. A ella la tiraron al suelo y le propinaron varios cabezazos. A él lo golpearon en la espalda con un martillo y, como figura en el parte médico, sufrió policontusiones. Los autores del ataque sólo querían una cosa: echarlos de su casa.
Desde entonces, vecinos y miembros del movimiento 15-M no los dejan solos en ningún momento. Dentro del local, de apenas 20 metros cuadrados, sin ventanas, y por el que pagan 300 euros, esta pareja guarda una pila de colchones que sus inesperados protectores sacan a la calle para dormir. "No esperábamos esta maravillosa sorpresa", comenta Ana. "Ellos también están arriesgando sus vidas". Porque las amenazas también las sufren ellos, incluso una vecina, cuyo hijo trató de evitar la agresión y que también fue golpeado.
Los problemas comenzaron en junio. La pareja llevaba por entonces un año viviendo en el local, que, aseguran, alquilaron como estudio. "No podíamos pagar otra cosa. Antes vivíamos en el Cerro del Águila, nos tuvimos que ir y lo único que encontramos fue esto", cuenta Ana, que tiene una pensión de 307 euros y que saca algo más de dinero limpiando alguna casa y alguna tumba del cementerio. Jesús no tiene ya ninguna prestación después de años en paro y con trabajos esporádicos.
Ana quería cobrar la pensión no contributiva y los trámites burocráticos le exigían tener una vivienda, una casa, no un local. Así que quisieron que el matrimonio nigeriano regularizara el contrato del local como vivienda, cosa a la que no estaban dispuestos.
Ana y Jesús solían pagarles a los caseros las facturas de la luz y el agua, así que éstos dejaron de abonarlas a las compañías. "Pagué las dos facturas en el Distrito, pero tuve que coger parte de los 300 euros del alquiler y le dije que nos diera más tiempo para pagar", explica Ana. En lugar de eso, los dueños ordenaron el 1 de julio que les quitaran el contador de la luz. Tras semanas de amenaza, se produjo la agresión.
Ahora, Ana y Jesús están al límite de la desesperación. Sobre todo él, que se emociona al ver que sus vecinos y los miembros del 15-M "están exponiendo su vida por nosotros". Y sólo quieren una cosa: encontrar un lugar para vivir que se ajuste a sus ingresos. "Sólo queremos un cachito chiquito, pero no queremos caridad porque algo podemos pagar". Por eso, han rechazado la opción de irse a un albergue, como les propone el Ayuntamiento, y denuncian el abandono administrativo que sufren, también del Defensor del Pueblo que, dicen, no les ha atendido.
Sin agua ni luz, sus vecinos son quienes les lavan la ropa y quienes les ceden las duchas. También quienes los protegen de "una mafia" que, además de la iglesia, que dicen que está embargada, controlan a los gorrillas de la zona, venden por tres euros la comida del banco de alimentos y tienen un piso patera que pusieron a disposición de Ana y Jesús. Tenían que pagar 168 euros. Se lo ofrecieron después de agredirlos. "El colmo", claman.
