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Agricultura alerta: Andalucía perdería hasta 724 millones con la nueva PAC

La consejera tacha de “maltrato” el criterio de reparto del Gobierno, al que acusa de “provocar” a la región. La Junta y las organizaciones agrarias consensúan un documento de rechazo a la propuesta del Ministerio.

el 15 ene 2014 / 22:10 h.

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Cosecha del arroz en la localidad de Isla Mayor.La Junta de Andalucía alertó ayer de que los criterios propuestos por el Ministerio de Agricultura para repartir los fondos de la Política Agraria Común (PAC) durante el periodo 2014-2020 supondrían la pérdida de entre 458 y 724 millones de euros respecto a las cantidades que recibe Andalucía en la actualidad, algo que fue calificado como “inaceptable” por la consejera Elena Víboras. La respuesta fue un manifiesto conjunto de rechazo de la Consejería de Agricultura y las organizaciones del sector en el que se considera “irrenunciable” que la región mantenga los ingresos directos del actual periodo 2007-2013, de unos 1.600 millones de euros al año, “así como el presupuesto total percibido por la comunidad autónoma en concepto de desarrollo rural”. “Hemos conseguido unanimidad en que nuestros agricultores y ganaderos no podían perder ni un solo euro”, anunció la Consejería. En concreto, Víboras denunció ayer que los nuevos criterios supondrían la llegada de 58 millones de euros anuales menos en ayudas directas a los agricultores, 350 en los seis años de vigencia, puesto que en 2014 se mantienen las directrices actuales. El motivo sería, según Agricultura, “la negativa del Gobierno central a incluir cultivos tan representativos para la agricultura andaluza como el olivar en pendiente, el trigo duro, los frutos de cáscara o la uva pasa” entre los que reciben ayudas acopladas –las que se destinan a productos con especiales dificultades de cultivo, que corren el riesgo de desaparecer–. Es el caso de este tipo de olivar, que tiene un rendimiento bajo porque no es posible introducir máquinas; o la uva pasa, al ser un cultivo poco productivo. La Junta había solicitado también ayudas para el sector caprino que tampoco se han aceptado, según informaron fuentes de este departamento. Además del recorte sobre el dinero que reciben los productores, la consejera avisó de que los nuevos planes de desarrollo rural que prevé el Gobierno supondrían una pérdida añadida de entre 100 y casi 400 millones de euros más, según los criterios que finalmente se empleasen, ya que aún no hay una propuesta cerrada. Para estos fondos, el documento firmado ayer reclama que se tengan en cuenta los índices de desempleo de las zonas rurales y se utilice el indicador de población rural de la Ley de Desarrollo sostenible. Además, se solicita que los estratos del modelo de regionalización, es decir, los tramos de renta que se usarán para distribuir las ayudas, sean al menos 25 y se conozcan los intervalos antes de adoptar un acuerdo, ya que al ser cálculos tan complejos cualquier modificación altera las cantidades que recibirían los agricultores. La consejera anunció a las organizaciones agrarias la postura del Gobierno central en una reunión de la Mesa de Interlocución Agraria mantenida en Sevilla ayer por la mañana, en la que Víboras trasladó las negociaciones que el Ministerio de Agricultura mantuvo con las comunidades autónomas el lunes y el martes. Los flecos pendientes se cerrarán en nuevas reuniones en Madrid la semana que viene, a las que la Junta quiere llevar una postura común. Este planteamiento fue acordado en un texto consensuado con las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Faeca, en el que se retoma la postura común ante la reforma de la PAC que ya se fijó en otro acuerdo firmado entre la Consejería y el sector en 2011. El documento será la posición que defienda la consejera en el Consejo Sectorial de los días 20 y 21 de enero, donde se cerrará el modelo de aplicación de la PAC y en el que Víboras ha emplazado al Ministerio “a ser más flexible porque aún hay margen para llegar a un acuerdo”. La Junta afirma que mantendrá “la disposición al diálogo hasta el último momento” para alcanzar ese pacto. Mucho tendrían que variar las posturas para conseguirlo, ya que la consejera consideró ayer que la última propuesta del Ministerio es “absolutamente inaceptable”, tachándola de “maltrato” y cuestionando incluso si no se trata de una “provocación” del Gobierno a la comunidad andaluza.

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