Agrópolis iba a ser una de las áreas de oportunidad del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) instalada sobre 87 hectáreas de la finca El Palmar de Los Palacios y Villafranca que servirían para convertir la agricultura tradicional en un parque de empresas competitivas relacionadas con la agroindustria, la investigación, los regadíos y las compañías de distribución y logística. Iban a venir empresas de todo el país y la Junta de Andalucía iba a destinar decenas de millones de euros. Sin embargo, a día de hoy, el proyecto se ha visto reducido a dos realidades: un logotipo con el sabroso tomate palaciego y un campo lleno de jaramagos. Las razones del fracaso radican principalmente en la crisis económica y unos plazos que se ralentizaron para terminar por eternizarse.
La idea de Agrópolis se le ocurrió un día de 2005 al entonces alcalde socialista, Antonio Maestre, para ofrecer otra cara de la moneda de la innovación provincial que rimase con Aerópolis, el parque aeronáutico que se construía en La Rinconada. Si un pueblo buscaba su referente en los aviones, el regidor palaciego creyó encontrarlo en la gestión moderna de los tomates. Pero, de manera palpable, y a lo largo de un lustro, sólo trascendió un logotipo que lucían los futbolistas del equipo local y las banderolas que se agitaban al viento en la finca donde iba a construirse Agrópolis. Entretanto, tuvieron lugar varias reuniones entre el Ayuntamiento palaciego y la Agencia de Innovación y Desarrollo del Gobierno andaluz; la Junta incluyó el proyecto en el Programa de Suelos Productivos de Andalucía (Prospa) dotándolo con 30 millones de euros; luego la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) anunció 42 millones; e incluso se prometió que Agrópolis sería una atractiva realidad en 2011. Sin embargo, tras las pasadas elecciones municipales, en la que el PSOE perdió su mayoría absoluta de 13 concejales para quedarse en 6 y sin gobierno, nadie volvió a sacar el asunto a relucir y del terreno en cuestión desapareció hasta la valla publicitaria.
En rigor, el proyecto no era tan fácil como lo pintó el gobierno de Maestre. En primer lugar, el Ayuntamiento sólo es dueño del 60% de las 87 hectáreas. El resto es propiedad de un grupo de particulares que ni se ponen de acuerdo entre ellos para la necesaria junta de compensación ni han estado por la labor del área de oportunidad. Pero su visión de las cosas nunca salió a relucir. En segundo lugar, como el Ayuntamiento no tenía capacidad financiera para urbanizar el terreno, confió en que lo hiciera EPSA. Y esta, en efecto, se comprometió a invertir 42 millones para ello, pero a cambio de quedarse con el 75% del suelo, es decir, con 65 hectáreas. El convenio se llegó a firmar, y fue el grupo municipal del PP a través de su ahora flamante senadora Mariló Ortega, por aquel entonces sólo concejal, quien saltó como un resorte: "Eso es como si a cambio de que un albañil me haga el cuarto de baño yo le entrego el resto de mi casa", dijo. De todas formas, EPSA no logró convencer al resto de propietarios particulares para poder constituir la junta de compensación. Para expropiar tampoco tenía dinero. Así que, ya entrada la crisis, EPSA y el Ayuntamiento consideraron que incluso sería positivo reducir el proyecto al terreno de propiedad municipal.
Con una Agrópolis más pequeña habría más posibilidades de darle contenido y ponerla en funcionamiento. El primer problema surgió cuando el Ministerio de Fomento aseguró que no estaba en disposición de construir un ramal que conectara la carretera del Monte con la N-IV, acceso ideal para el parque. Pero lo fundamental era la construcción de una subestación eléctrica, condición que siempre se mantuvo al margen a pesar de que cuesta "como mínimo, seis millones de euros", según explica el actual alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IP-IU), cuyo quebradero de cabeza principal -y único- es simplemente el pago de las nóminas a los funcionarios.
EPSA estaría dispuesta a contribuir a la construcción de la imprescindible subestación si compartiera inversión con el resto de la junta de compensación. Pero el problema de estos propietarios, que ni siquiera creen en el proyecto, es muy distinto: han visto recalificados sus campos y han dejado de pagar el IBI rústico para abonar un IBI industrial, mucho más caro. Y el terreno ni es industrial ni produce nada, salvo recibos de pago.
La consecuencia más dramática de que Agrópolis se quede en aguas de borrajas es que la citada subestación eléctrica sería necesaria no sólo para el parque agroindustrial sino para algunos de los proyectos urbanísticos más golosos en los que se pensaba a medio plazo en Los Palacios y Villafranca, como por ejemplo el SUS-8, que además de centenares de casas en la parte norte del pueblo incluía la inversión de 100 millones de euros en un parque comercial de medianas superficies especializadas. Ningún proyecto urbanístico puede, por sí solo, afrontar el coste que supone la subestación. O se hace Agrópolis o no se hace nada.
