El anuncio del ministro de Economía, Luis de Guindos, de que el Gobierno someterá a control previo los presupuestos autonómicos desencadenó ayer una virulenta reacción de algunas comunidades, que vieron en la propuesta una "clara invasión competencial". Cataluña, que tiene los ojos puestos en el concierto económico, fue la más crítica.
Después de que el Ejecutivo central amagase con paralizar la financiación recogida en los Estatutos de algunas comunidades, entre ellas Andalucía, la susceptibilidad era aún mayor tras el Consejo de Ministros. Pero la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se encargó de rebajar la tensión, y aclaró que cualquier medida de este tipo se tomaría en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (reunidas las comunidades) y de acuerdo a lo establecido en la Constitución. La consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo tampoco se echó las manos a la cabeza, y aseguró ayer su "colaboración" y "lealtad" a cualquier decisión que mejore la gobernanza presupuestaria, siempre que se "respete la autonomía estatutaria".
Igualmente se posicionó el líder del PP-A, Javier Arenas, quien dijo que "todas las comunidades tienen competencias para gestionar sus gastos" y recordó que el mayor control es un techo legal al gasto autonómico, una medida aprobada recientemente por el Parlamento andaluz con el apoyo de todos los partidos.
El déficit de las comunidades no se conocerá hasta que se cierre la contabilidad, en febrero. A finales de este mes, el Gobierno presentará a las comunidades un plan para refinanciar su deuda. En la referencia del Consejo de Ministros de ayer consta que existen "posibles complejidades" en algunas regiones para hacer frente a su deuda con el mercado de capital, para lo cual el Gobierno estudiará varias "opciones disponibles". La decisión se ha tomado un día después de que se conociera el vencimiento de deuda de la Comunidad Valenciana al Deustsche Bank de 123 millones de euros.
