La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
La relación entre Cataluña y Andalucía, cuando está por medio el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se parece mucho a la de la mariposa en Hong Kong y la tempestad en Washington. Si baten alas allí, enseguida se desata una reacción de la Junta aquí. Si la Generalitat admitió, el viernes, un encuentro privado entre Montoro y el conseller Andreu Mas-Colell para negociar el límite de déficit de este año, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, admitió ayer, por primera vez, que también ha tenido varios encuentros bilaterales con el ministro por el mismo motivo.
Ahora bien, el Gobierno de Artur Mas aspira a que se flexibilice su déficit hasta el 2,1% este año, y Aguayo no responde con cifras, porque su preocupación no es tanto el límite concreto que se le imponga a Andalucía, como el modelo que adopte el Gobierno para repartir la carga entre las comunidades y el Estado. Aguayo y Montoro coinciden en que deben fijarse objetivos de déficit asimétricos, con límites individuales para cada región, según ciertos criterios. El criterio que defiende Andalucía (el que le sería más beneficioso) es el poblacional. El de Cataluña, es la aportación que hace cada región al PIB.
El déficit es la diferencia entre lo que Andalucía gasta y lo que ingresa. Tener un mayor o menor margen es importante porque de ello depende cómo se financiarán los servicios públicos. Si el tope que pone el Estado es muy bajo, las regiones tendrán que volver a aplicar recortes en educación, sanidad y servicios sociales. Montoro ya ha descartado de plano la cifra que pide Cataluña (2,1%), dice que el tope máximo sería el 1,8% del PIB en esta región, y ha dado una idea que puede servir de referencia al resto: No es negociable permitir un déficit superior al del año pasado. El déficit andaluz en 2012 fue del 2,02% del PIB, frente al 1,5% que fijó el Gobierno para todas las autonomías. Ahora Aguayo debe sacar la calculadora para ver si con esta premisa serán necesarios más recortes.
