Martínez Aguayo, este miércoles en el Parlamento Andaluz.
Lo que sí tengo es libertad de expresión, soy una ciudadana libre, orgullosa de militar en un partido donde hay diversidad de opiniones. Con esas palabras la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ratificó ayer en el pleno del Parlamento andaluz sus declaraciones apuntando a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández como los máximos responsables políticos en el caso de los ERE. Eso sí, eludió volver a pronunciarlo. Era difícil retractarse, sus palabras están enlatadas en una entrevista de televisión. Su comparecencia fue solicitada por el PP después de que la socialista asegurara en Canal Sur (5 de abril) que sin duda los responsables de Empleo durante la década de presunta trama fraudulenta de los ERE que investigan los tribunales eran los máximos responsables políticos. Martínez Aguayo, que en su día no fue arropada ni por el Gobierno ni por el PSOE-A, rompía el guion escrito por sus compañeros ante este caso que viene acorralando a su partido desde hace ya casi dos años. La consigna oficial señala al exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, como el máximo responsable, un personaje en el tercer escalafón del organigrama de la Junta. Detrás, hay muchas tensiones internas entre las familias socialistas, entre el actual equipo de José Antonio Griñán y la vieja guardia de ManuelChaves. La comisión de investigación celebrada el pasado verano en el Parlamento sobre el caso ERE se cerró sin dictaminar responsables políticos ante la negativa de PSOE y PP que apunta más arriba a suscribir las tesis de IU contra Viera y Fernández.
El de ayer fue un debate bronco y duro, en un registro inusual para la consejera de Hacienda, que tuvo enfrente a Ana María Corredera, vicesecretaria de Organización del PP andaluz, igualmente áspera aunque sea una diputada que no suela incurrir en excesos verbales. Martínez Aguayo acusó a los populares de una estrategia de difamación, de una oposición ruin y un comportamiento medieval e inquisitorial, con el que buscan amedrentar con prácticas pseudomafiosas. Los populares habían calentado convenientemente el campo de juego con unas denuncias previas, vertidas 24 horas antes, contra la actual pareja de la consejera, Manuel Caramé, a quien acusaron de haber asesorado en materia urbanística sin titulación y mediante un contrato irregular al Ayuntamiento de Burguillos, polémico y famoso por sus desmanes de la provincia de Sevilla. La consejera advirtió de que su entorno familiar se reserva la posibilidad de acciones legales y mostró documentos para probar que su pareja sí está profesionalmente acreditado y que no hubo irregularidades en su contratación.
Durante el pleno, Martínez Aguayo confirmó que ha formalizado una demanda civil de protección de su honor por las declaraciones vertidas por el responsable del PP de Sevilla, Juan Bueno, que apuntó a la responsabilidad de la entonces viceconsejera de Hacienda en la trama corrupta. Los populares ignoraron el requerimiento notarial de la titular de la Junta y ésta, como anunció, ha formalizado su demanda.
Pero el PP lo tiene claro. Corredera insistió en apuntar a Martínez Aguayo: Le pido su dimisión, por acción o por omisión del deber, porque usted conocía, ocultaba y archivaba los informes de la Intervención y eso lo convierte en responsable política. Si usted quiera ser el parapeto del señor Griñán, eso tiene sus consecuencias.La actual consejera era la número dos de la Consejería de Hacienda que dirigía el presidente andaluz entre 2004 a 2009 y fue la receptora de los informes, ignorados, de la Intervención General de Hacienda que advertían de irregularidades en el procedimiento de reparto de las ayudas. Ella asimismo lo relató en pleno estallido del caso, actuando como cortafuegos de Griñán al asegurar que nunca le entregó esos informes. El PP-A subrayó que fue Hacienda la consejería encargada de arreglar un estropicio presupuestario de 126 millones de euros, para tapar el agujero constante en las ayudas de Empleo ahora bajo la lupa judicial. El PP aseguró que Martínez Aguayo apuntó a Viera y Fernández en una estrategia premeditada para tratar que ella y su jefe se fueran de rositas. Corredera insistió en la responsabilidad política de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en un fraude que investiga la supuesta malversación de los fondos de Empleo durante una década, se estiman unos 140 millones defraudados en un fondo de más de 1.000. Griñán y usted son dos caras de una misma moneda, la que minimizó los hechos y miró para otro lado, dijo la popular.
Actualmente el socialista José Antonio Viera es diputado en el Congreso y no está imputado en la trama. Su condición de aforado obligaría a la jueza, a desviar el caso al Supremo. Antonio Fernández pasó cuatro meses en la cárcel y está imputado por posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
