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Aguayo asegura que era Empleo quien tenía que actuar ante los informes de Intervención por los ERE y no Hacienda

La consejera de Hacienda ha recordado que el  exinterventor de la Junta aseguraba en esta  misma comisión que Hacienda "no tenía obligación de nada".

el 29 ago 2012 / 08:54 h.

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La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado este miércoles que era la Consejería de Empleo y no la de Economía y Hacienda, --de la que fue viceconsejera entre 2004 y 2009--, la que tenía que actuar ante los informes emitidos por la Intervención General de la Junta , en relación a posibles irregularidades en el procedimiento de concesión de ayudas a trabajadores y empresas en crisis.

Durante su intervención en la séptima jornada de la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, Martínez Aguayo ha recordado que el exinterventor de la Junta Manuel Gómez aseguraba este martes en esta misma comisión que Hacienda "no tenía obligación de nada".

"Ni de los informes se deriva acción concreta, ni se requirió acción específica, ni la ley le atribuye esta competencia a la Consejería de Hacienda, ya que es la consejería competente, (refiriéndose a la de Empleo), la que tenía que desarrollar acciones", ha apuntado Martínez Aguayo, quien ha insistido en que "el órgano destinatario de los informes de Intervención era Empleo".

Asimismo, la consejera ha dicho comprender la "insatisfacción" existente sobre el sistema de control, si bien ha querido dejar claro que si la Intervención hubiera detectado fraude o menoscabo de fondos públicos "no tengo ni la más mínima duda de que se hubiera instado a una actuación más contundente, con la misma contundencia que ha actuado la Junta cuando se han conocido los hechos fraudulentos".

Martínez Aguayo, que ha comenzado su intervención haciendo una pormenorizada exposición sobre las competencias que tiene su departamento, ha indicado que entre ellas no se encuentran los gastos de centros directivos de otras consejerías, en clara alusión a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, dependiente de la Consejería de Empleo.

NIEGA RESPONSABILIDAD POLITICA POR PARTE DE GRIÑAN

"El titular de la Consejería de Economía y Hacienda (cargo que ostentaba el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán) y la viceconsejera actuaron conforme a lo que establece la legislación vigente", ha subrayado la actual consejera de Hacienda, quien ha destacado que su departamento no tenía "capacidad jerárquica" para modificar las actuaciones de Empleo. "Solo podíamos actuar por un requerimiento de la Intervención, que nunca se formuló", ha añadido.

Tras calificar el procedimiento utilizado por la concesión de ayudas como "controvertido" y asegurar que el programa 31L no ha sido "opaco ni oculto", sino que ha seguido un procedimiento reglado y con mecanismos de control, siendo conocido además por los agentes sociales, el Parlamento y sus diputados, que presentaban enmiendas al mismo en la elaboración de los Presupuestos, Martínez Aguayo ha negado que se hubiera creado en la Junta un procedimiento con el objetivo de "robar o malversar". "Rotundamente no", ha apostillado.

"Más de 6.000 trabajadores que se han beneficiado de ayudas sociolaborales lo atestiguan, gracias a una política que ha sido muy exitosa para la Junta, y por más que nos pese, lo que ha ocurrido es que en alguno punto del proceso alguien ha cometido un acto ilícito,

porque en cualquier procedimiento, por muy perfecto que sea, es susceptible de ser violado", ha señalado Martínez Aguayo, quien ha defendido la legalidad del sistema de ayudas, "como también dijo ayer el Interventor".

En este sentido, ha confesado que como responsable pública le "avergüenza y repugna" que se haya podido producir un fraude con los fondos que van destinados al empleo público. Si bien, ha hecho hincapié en que el Gobierno andaluz tuvo claro "desde el primer momento" que tenía que averiguar dónde estaban las irregularidades, poner los hechos en conocimiento de la Justicia y mejorar los procedimientos para que evitar que vuelva a repetirse.

EL PP-A LA LLAMA "ARCHIVERA"

El portavoz del PP-A en la comisión, Rafael Carmona, ha acusado a la consejera de ser una "archivera" de los informes elaborados por la Intervención, "que ni se leía ni trasladaba al consejero, sino que colocaba en una estantería para que quedaran bonitos". Ante ello, Martínez Aguayo ha respondido que su actuación se ajustaba a las competencias que tenía su departamento. "*Me está diciendo usted que me la tenía que haber saltado?", ha preguntado la consejera al diputado 'popular'.

Ambos representantes públicos han protagonizado distintos momentos tensos en la comisión, elevando bastante el tono de voz, uno de ellos cuando Carmona preguntaba insistentemente sobre quién tenía la competencia para otorgar las ayudas de la partida 31L, y otro sobre el contenido de los informes de Intervención y las declaraciones que el exinterventor hizo este martes ante la comisión de investigación.

Martínez Aguayo, que ha pedido amparo a la Presidencia de la comisión al considerar "un interrogatorio" las preguntas de Carmona, ha afirmado que el diputado estaba haciendo todo lo posible, no para conocer la verdad, sino para "pillarme en un fallo". "No me parece propio este tipo de comportamiento", ha asegurado la consejera, mientras que Carmona aducía que tenía el mandato de la Cámara para formularle preguntas y que le amparaba la democracia.

Otra de las cuestiones que se la ha formulado a la consejera es sobre su pertenencia al Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), órgano en el que se ratificaban convenios para ayudas a empresas. Si bien, Martínez Aguayo ha reconocido que, "por falta de tiempo" por su trabajo sólo asistió "un par de veces" a estas reuniones y que no recuerda las entidades beneficiarias de ayudas, tras ser preguntada sobre una ayuda de 1,2 millones concedida en 2006 a la empresa Corchos y Tapones de Andalucía.

La portavoz de IULV-CA, Alba Doblas, ha dicho que le extraña que con el "rigor y el buen hacer" que presume a la consejera de Hacienda, no tratara con la Dirección de Trabajo y Seguridad Social las irregularidades señaladas por la Intervención General, destacando que si no hubiera sido por la grabación que se hizo a exdirectivos de Mercasevilla sobre un presunto soborno, "no se habría sabido nada y todavía hoy Francisco Javier Guerrero tendría en su cartera más dinero si lo hubiera querido".

Ante ello, y tras insistir la diputada de IU en que "las alarmas sí que saltaron", la consejera de Hacienda y Administración Pública ha negado que ello fuera así y ha insistido en que si hubiera habido el más mínimo indicio de que se estaba produciendo menoscabo de los fondos públicos, "no tengo duda que los funcionarios de la Intervención y el exinterventor, el primero, habrían paralizado el procedimiento con contundencia".

Por su parte, la portavoz del PSOE-A, Antonia Moro, ha preguntado también sobre un informe adicional que la Intervención General hizo, a lo que la consejera ha contestado que la Consejería de Empleo contestó al mismo y la Intervención General no volvió a emitir ningún pronunciamiento. "Entiendo que estaría conforme con las mejoras propuestas por el departamento", ha señalado Martínez Aguayo, quien también ha advertido sobre el lenguaje que la Intervención suele utilizar, "en ocasiones con excesos verbales, como ya dijo en comisión el exinterventor".

Ya en su turno final para cerrar la comisión, Martínez Aguayo ha pedido disculpas por la "vehemencia" con la que haya podido contestar ante determinadas preguntas y ha asegurado que en todo momento en que ha estado al frente de los distintos departamentos de la Junta ha actuado "conforme las atribuciones y competencias que tenía establecidas". Finalmente, ha demandado que no se extienda "la sospecha" a todos los trabajadores públicos por la actuación de determinadas personas. "No tiene sentido ni fundamento", ha concluido.


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