"Sin presión" desde Génova -según su número dos, Ignacio González-, Esperanza Aguirre tomó medidas dos días después de que se levantara el secreto de sumario del Gürtel. Ayer abandonaron el Grupo Popular tres diputados regionales imputados: Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosh Tejedor. En Valencia no hubo dimisiones.
También dejaron sus grupos municipales los ex alcaldes de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, Arturo González Panero y Jesús Sepúlveda. La presidenta madrileña ha pedido a los parlamentarios que devuelvan sus actas, pero ellos han decidido conservarlas, lo que supone que pasarán a formar parte del Grupo Mixto. Aguirre señaló que la "decisión política que han tomado es la mejor para el partido" y recordó que el acta "no es propiedad" del PP. Hoy, la presidenta regional reunirá al Comité de Dirección del partido madrileño para analizar el sumario de la trama.
Esperanza Aguirre vuelve así a desmarcarse de la dirección nacional del PP y del partido en Valencia, ya que ni Rajoy ni Camps han exigido a día de hoy dimisiones en sus ámbitos de responsabilidad (exceptuando la marcha de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, que dejó su cargo asediado por las sospechas de financiación ilegal). El miércoles, el presidente del partido aseguró que se pedirán "responsabilidades" a quienes hayan hecho lo que no debían, pero no aclaró qué responsabilidades ni a quién y lo cierto es que no ha habido ningún cese desde que se levantó parcialmente el secreto de sumario.
Diferente ha sido desde el comienzo de la investigación la actitud de Aguirre. Los tres diputados que ayer dejaron el Grupo Popular fueron suspendidos de militancia en el PP de forma cautelar el pasado febrero.
El ex consejero Alberto López Viejo fue destituido fulminantemente por Aguirre el 9 de febrero, tres días después de la detención de Correa y antes de que se conociera su supuesta implicación en la trama. Se convirtió así en la primera persona que asumió responsabilidades, seguido inmediatamente por el resto de militantes del PP de Madrid imputados.
Y es que, pese a que Rajoy opta por la "indiferencia", en el PP cada vez son más las voces que piden tomar medidas. Ayer fue especialmente contundente el vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, quien considera que la trama Gürtel es una "oportunidad" para que el PP demuestre que es "capaz de luchar contra la corrupción", "depurarse por dentro" y "eliminar aquellas partes que puedan estar intoxicadas" en el partido. "Lo que estamos viendo es algo muy bochornoso", sentenció.
El popular presidente de La Rioja, Pedro Sanz, habló en el mismo sentido al decir:"No voy a defender a ningún sinvergüenza que plantee este tipo de conductas y voy a pedir, a exigir que se tomen medidas adecuadas para que no se consientan conductas inadecuadas". Tampoco dejó lugar a dudas la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, quien opinó que "la justicia ha de ser implacable y el PP también ha de serlo", y añadió que el castigo ha de ser "contundente" para "todas aquellas personas que hayan actuado de manera ilegal".
Las reacciones, como era de esperar, fueron aún más claras desde la oposición. Diputados regionales del PSOE y de IU creen que la corrupción se está extendiendo por el PP y piden a Rajoy que haga algo, mientras que ven insuficiente que los diputados salgan del Grupo Popular y reclaman que dejen su escaño.
Chantaje. En medio del debate, ayer se conocieron nuevas grabaciones del sumario que revelan que el líder de la trama quería chantajear a López Viejo con descubrirlo todo, con el fin de que le pagase una deuda de un millón de euros. Francisco Correa asegura que tiene pruebas de "todas las guarrerías que han hecho en la Comunidad de Madrid, todo lo que se ha facturado de más".
