El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, demostró buenos reflejos ayer en el caso de la niña onubense asesinada Mari Luz Cortés. Sólo unas pocas horas después de que el padre de la pequeña echase de menos en público una llamada del presidente en funciones, Zapatero le ha garantizado, en una conversación telefónica sin intermediarios, que el nuevo Ejecutivo llegará hasta las últimas consecuencias en ese terrible episodio que ha puesto al descubierto buena parte de las miserias del sistema judicial. Al presidente le ha seguido inmediatamente el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que también ha hablado con el progenitor de Mari Luz, al que ha agradecido su ejemplar gestión de una tragedia que le afecta más que a nadie. Incomprensiblemente, es la primera vez que el titular de la cartera, epicentro de la crisis, da señales de vida desde que se produjo el suceso. Una actitud que no tiene justificación posible cuando hasta su jefe reconoce que en la muerte de Mari Luz Cortés y en el impresentable culebrón del arresto de su presunto asesino ha podido haber una irresponsable cadena de fallos que afecta a jueces, fiscales e incluso a la cúpula judicial. El Ministerio de Justicia debe llegar hasta el final en la investigación interna del caso. Caiga quien caiga. Y tras un análisis sereno, alejado de una reacción precipitada por la tensión del momento actual, pero cargada del máximo rigor, tendrá que activar nuevos mecanismos que hagan mucho más difícil la consumación de nuevas tragedias como la de Huelva. El anunciado registro nacional de pederastas puede ser un instrumento eficaz. Pero nacerá muerto si no va acompañado de una eficiente coordinación de los distintos tribunales, un especial celo en el cumplimiento de las sentencias y un seguimiento permanente de las órdenes de busca y captura. Sólo si estos déficit se resuelven los presuntos delincuentes reincidentes como Santiago del Valle no volverán tenerlo tan fácil para cometer otro crimen como el de Mari Luz.