-¿Cómo marcha el Plan de Modernización de la Justicia?
-El Plan de Modernización va cumpliendo con todos y cada uno de los objetivos programados. El 90% de las medidas previstas entre septiembre y diciembre del año pasado han sido ejecutadas y esperamos cumplir todas las proyectadas para 2010, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las comunidades autónomas (CCAA). De hecho, en lo que va de año hemos presentado al Consejo de Ministros anteproyectos de ley sobre mediación, arbitraje y de reforma del Código Civil, que son también medidas modernizadoras que van a transformar nuestra administración de Justicia.
-¿El próximo y más importante objetivo?
-En este sentido, el más importante y comprometido es el despliegue de la Nueva Oficina Judicial, como consecuencia de la entrada en vigor el 4 de mayo de la ley que la establece y que reforma 19 leyes procesales.
-¿Estamos ya hoy más preparados para evitar casos como el de Mari Luz?
-Sin duda. Estamos trabajando, por ejemplo, para intensificar en Andalucía los tribunales del orden penal, que ya trabajan en red y que, por tanto, pueden intercambiar datos e información en tiempo real y dentro del programa EJIS que hemos llevado a cabo con el CGPJ y con las CCAA. Vamos a conseguir que ese sistema se implante en todo el Estado y que todos los tribunales de justicia y juzgados puedan consultar las mismas bases de datos e intercambiar información por medio de soportes electrónicos.
-Algunas asociaciones de jueces han vuelto a expresar su descontento. ¿Teme que puedan plantear otra huelga?
-Todos los procesos de reconversión, y el de la Justicia lo es, suponen generar inquietudes y ciertas molestias porque afectan sin duda a los hábitos de trabajo de quienes tienen que experimentar la transformación del modelo al que están acostumbrados. En el caso de los jueces, desde el primer momento hemos mantenido un intenso diálogo con todas las asociaciones.
-Sí, pero algunas asociaciones dicen que el ministerio no...
-Me consta que han manifestado su voluntad de querer abordar el asunto de las retribuciones y, sin embargo, nosotros consideramos que lo que ahora toca es trabajar por la modernización, llevar adelante este proceso de reconversión de la Justicia, dedicar a él todos nuestros esfuerzos, también los económicos, y que sólo cuando hayamos superado esta situación de crisis económica, que es general, procederá hablar de retribuciones. Pero salvo este punto, hemos asumido la mayoría de las razonables reivindicaciones que planteaban los jueces: los señalamientos, el ascenso forzoso, la conciliación... Las cuestiones retributivas no corresponde abordarlas en este momento.
-La renovación de los Tribunales Superiores ha provocado una crisis en el CGPJ, los propios implicados se han acusado de servir a causas políticas. ¿Todo esto no resta credibilidad a nuestra Justicia?
-Probablemente, este tipo de controversias y debates nunca son buenos cuando salen del ámbito de decisión del órgano constitucional que tiene esa competencia. Pero en una sociedad plural tampoco debe sorprendernos que se produzcan y en el CGPJ existen diversas sensibilidades judiciales y de otro tipo. En todo caso, estoy convencido de la responsabilidad y profesionalidad de quienes están en el CGPJ y de que, como hasta ahora, superarán esas diferencias y trabajarán por una justicia mejor.
-La prensa extranjera habla de la "politización de la Justicia española"... ¿se plantea el Gobierno algún cambio en la elección de los jueces del CGPJ, del Supremo o del Constitucional?
-No creo que exista. Los jueces, en el ejercicio de sus funciones, operan de manera independiente y el hecho de que otros órganos constitucionales elijan a algunos miembros del Consejo o del Tribunal Constitucional (TC) sólo es un suplemento de legitimidad democrática. Tanto la configuración del TC como del CGPJ está establecida por la Constitución y, por tanto, es muy difícil de cambiar.
-¿Hay algún avance con el PP para la renovación del TC?
-Este Gobierno siempre está dispuesto al diálogo. Lo hemos demostrado desde el primer momento. Es el PP el que ha bloqueado la situación: primero, recurriendo la ley y, después, el reglamento ante el propio Tribunal Constitucional. Y, aunque el Constitucional finalmente dijo, tal y como defendíamos nosotros, que la ley y el reglamento eran constitucionales, el PP optó por presentar sólo a dos candidatos, haciendo mucho más difíciles las posibilidades de negociación. No obstante, como siempre, estamos abiertos al diálogo y el Grupo Socialista en el Senado tiene la mejor disposición.
-¿Para cuándo espera la sentencia del Estatut de Cataluña?
-El Constitucional fija sus propios ritmos. Lo importante es tener una buena sentencia. Eso es lo que le debemos exigir al TC y estoy convencido de que en eso es precisamente en lo que está trabajando.
-¿En qué medida puede influir tener o no esa sentencia antes de las próximas elecciones?
-Los tiempos de la Justicia nunca son los tiempos ni la agenda de la política. Estoy convencido de que la sentencia se producirá en el momento que el tribunal la haya madurado suficientemente, con independencia de las circunstancias políticas en que se produzca. Aunque es cierto que el TC, una vez que se convocan procesos electorales que pueden verse afectados por sus sentencias, no comunica ni aprueba sentencias que puedan interferir en los mismos.
-La Fiscalía se opone a la suspensión del juez Baltasar Garzón. ¿Qué opina el ministro?
-La Fiscalía actúa autónomamente en el ejercicio de sus funciones y con arreglo a la defensa de la legalidad y el ministro sólo debe respetar la decisión de los profesionales, en este caso de la Fiscalía.
-¿Limitar la jurisdicción universal era una necesidad para evitar conflictos diplomáticos?
-Limitar la jurisdicción universal era necesario para salvaguardarla. Una cosa es el reconocimiento de la jurisdicción universal y otra los potenciales abusos que podían dar lugar, como ha ocurrido en otros países donde la tenían regulada de manera muy amplia, y se terminase por suprimir. Nosotros creemos que la jurisdicción universal es una forma de solidaridad internacional, una forma de defender los derechos humanos y fundamentales de personas que, desgraciadamente, en sus países no tienen esas posibilidades de defensa y reconocimiento, pero es evidente que ningún tribunal español puede convertirse en guardián del mundo y que, por tanto, hay que buscar el equilibrio entre esa atención solidaria hacia los demás y las capacidades que tiene un sistema judicial.
-Hablemos de la Ley del Menor, de las reiteradas detenciones de ‘El Rafita', uno de los asesinos de Sandra Palo... El Gobierno se opone a modificar esta ley como quiere el PP, pero ¿no cree que se ha legislado a veces a golpe de titular periodístico?
-Efectivamente, en la sociedad de la comunicación en la que vivimos, las noticias y sobre todo las de esta naturaleza, vinculadas a actividades criminales que todos repudiamos, hace que esas fuentes de información y esa comunicación inmediata nos sensibilicen de una manera muy rápida y que nos preguntemos inmediatamente qué leyes tenemos para que ocurran estas cosas. Sin embargo, lo cierto es que se trata de supuestos muy excepcionales dentro de la normalidad del sistema, de verdaderas patologías, y lo que debemos inmediatamente pensar es cómo podemos solventar esos casos concretos, pero no reformar necesariamente una ley que es relativamente reciente, que contó con un amplio consenso y que arroja resultados muy satisfactorios en miles de casos de menores que cometieron delitos.
-¿Qué opinión le merece que Rajoy haya anunciado que llevará al Congreso el debate sobre la cadena perpetua?
-Primero dijo que iba a llevar al Congreso su propuesta para la cadena perpetua, cuando desde el propio PP voces muy autorizadas han advertido que la cadena perpetua es incompatible con el artículo 25 de la Constitución. Ahora el PP habla de una llamada prisión permanente revisable. Pues bien, el primer partido de la oposición debería ser consciente de que defender esa prisión permanente revisable es absolutamente incompatible con el principio de cumplimiento íntegro efectivo de las penas que ellos mismos defienden.
-¿Cree que la sociedad ha captado el mensaje del Gobierno?
-La sociedad tiene que saber que el Derecho Penal es una norma límite de las libertades, que el Derecho Penal tiene por límite la dignidad del ser humano, porque si no se reconoce la dignidad no hay Estado democrático; tiene que saber también que nuestro sistema punitivo ya es muy riguroso y severo, que tenemos penas muy largas, de hasta 40 años de prisión efectiva, sin posibilidad de reducción, mucho más de lo que en otros países de nuestro entorno llaman cadena perpetua y que en la mayoría de los casos apenas supera los 20 años de cárcel. Tenemos un sistema penal severo y hemos presentado un proyecto de ley de nuevo Código Penal que recoge mayor rigor para determinados tipos de delitos. Con el Derecho Penal no se debe hacer populismo como tampoco intentar rentabilizar políticamente el dolor de las víctimas.
-¿La Policía española espía sin órdenes, como denunció el PP?
-De ningún modo. La Policía española ha dado pruebas evidentes de su profesionalidad, de que es una Policía plenamente democrática, que sabe cuál es su papel. Y, además, si existiese un solo supuesto de que pudiera ser así, éste se denuncia ante los tribunales.
-Caso Marta: ¿cómo valora la actuación judicial? La ciudadanía no entiende eso del derecho a mentir de los acusados.
-Manifiesto, una vez más, mi absoluta solidaridad con la familia de Marta del Castillo. ¡Comprendo su dolor! Estamos haciendo todo lo posible por ayudar a los jueces para que adopten todas las medidas necesarias para averiguar la realidad de los hechos, cuentan con todo nuestro apoyo desde el primer momento y seguiremos, todas las veces que haga falta, ayudándoles para el esclarecimiento de la verdad. Pero es también cierto, y como responsable público era mi obligación decirlo, que la actividad jurisdiccional tiene ciertos límites en un Estado de derecho y entre ellos el derecho de toda persona a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, un derecho no sólo reconocido en nuestra Constitución sino en la Declaración de los Derechos Humanos.
-¿Habrá al final pacto de Estado en materia económica?
-Espero que sí. Lo deseo por el bien de todos los españoles. El Gobierno ha presentado un documento serio de medidas concretas y puntuales para que sean valoradas por todos los partidos. Esperemos que el principal grupo de la oposición arrime el hombro, por el bien de todos.
