Cuando el alcalde, JuanIgnacio Zoido, lanzó en plena campaña que el entuerto de Tablada lo resolvería en 15 días, nadie que conocía de cerca la tortuosa historia de la dehesa dio pábulo a sus palabras. No en vano, son ya 16 años de un extenso litigio de 360 hectáreas que se inició en el momento en el que el Ministerio de Defensa decidió venderlo al mejor postor. Primero fueron las dos cajas, El Monte y San Fernando, las que picaron y, cuatro años después, en 2001, revendieron la dehesa por el doble del dinero a un batiburillo de empresas de la construcción y promotores inmobiliarios aglutinados bajo la denominación de Tablada Híspalis con la única idea de construir, ni más ni menos, que 20.000 viviendas. Tal anuncio nunca convenció al Consistorio, más proclive con una Tablada verde y pública. Salvo la firma de un convenio urbanístico en 1999, en tiempos de Soledad Becerril como alcaldesa y en la que el boom inmobiliario estaba en auge, todos los movimientos se han dirigido más a la búsqueda de recuperar para el dominio público estos terrenos. Lo intentaron en dos ocasiones, con expropiaciones que fueron tumbadas en los tribunales. En paralelo, el Gobierno local se esmeró en que la revisión del PGOU blindara Tablada frente a la especulación inmobiliaria. Y así fue cuando se arpobó definitivamente en 2006, cuando el plan decretó que estos terrenos fueran calificados como no urbanizables de especial protección. El dictamen y el deseo de sus propietarios para desarrollar urbanísticamente esos terrenos colisionaban, lo que originó un nuevo frente judicial. El recurso de Tablada Híspalis tenía una pretensión clara: que se pudieran construir viviendas o, en su defecto, permitiera una tasación mayor de cara a una hipotética expropiación. No en vano, el último precio marcado, plasmado en 2003, rondaba los 210 millones más intereses, un precio inaccesible en etapas de bonanzas y, cómo no, inviable a todas luces ahora cuando las arcas municipales van dando boqueadas. La última resolución judicial seguramente rebajará tal cifra. Cuando hace cuatro años la Justicia andaluza ya dio la razón al Ayuntamiento para que Tablada sólo tuviera futuro como gran zona verde, se llegó a barajar la vía de una tercera expropiación, sobre todo porque el justiprecio tendrá en cuenta su valor rústico, muy inferior a lo que reclamaban sus propietarios. Pero, tras el nuevo y definitivo fallo por parte del Tribunal Supremo, esa posibilidad ni siquiera se plantea. El Consistorio no ocultó su satisfacción por la resolución hecha pública por el Alto Tribunal, indicando que ya en campaña el ahora alcalde se había posicionado claramente en que Tablada albergara un parque público. Pero para ello hay que negociar o expropiar y eso requiere un dinero que clama por su ausencia. Si ya alega falta de fondos para planes de choque de empleo, más si cabe cuando se trata de macroperaciones con parques de por medio. Ya lo dijo el PP en un pleno a principios de 2012: la prioridad no es expropiar dehesas. La Justicia garantiza que Tablada sea verde. Lo que no está claro es si tomará forma de un parque periurbano o se limitará a un enorme erial a las puertas de Sevilla.
